Un año de la ley y demasiados trámites siguen en papel

Han pasado exactamente tres meses desde que se puso en marcha la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una propuesta que rápidamente entró en vigor, pero que en la realidad, como muchas de las leyes que se diseñan, simplemente no entra en acción.

En julio de 2025 se estableció una ruta para simplificar, homologar y digitalizar trámites; el plazo para su implementación municipal tenía como referencia enero de 2026 y es que el objetivo era claro, combatir la burocracia, pero la mayor parte de los municipios todavía no termina de cumplirla.

Ocho meses después de esa fecha y a un año de la publicación de la norma, el rezago es evidente.

De los dos mil 478 municipios del país, solamente 162, equivalentes a 6.5 por ciento, ya trabajan con la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles.

Esto significa que dos mil 316 municipios, es decir, 93.5 por ciento, todavía no se han incorporado plenamente.

El dato no es solamente administrativo; tiene una lectura económica como bien lo ha explicado Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de Concanaco Servytur, si se logra una implementación plena de la digitalización podría representar una oportunidad de crecimiento equivalente a 3.5 por ciento del PIB.

Es productividad que no se genera porque abrir un negocio todavía puede significar trámites, documentos, traslados, tiempos de espera y costos innecesarios.

La ley, además, nació de una demanda muy concreta de las pequeñas empresas y los negocios familiares: quitar obstáculos para emprender y operar.

Pero si la ventanilla municipal sigue siendo presencial, lenta y distinta en cada localidad, la simplificación nacional pierde buena parte de su sentido.

La Concanaco ha sido directa, deben existir sanciones a los servidores públicos que incumplen y no debería tomarse como un asunto político, sino como una discusión de eficiencia institucional.

Si una ley establece obligaciones y plazos, también debe haber medición, responsables y consecuencias.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que lleva Pepe Merino, ha reconocido que ha trabajado con los 32 estados y 162 municipios para implementar la ley, es decir, en el ámbito municipal el rezago es amplio, aun cuando se diga que se han enfocado con los que concentran las mayores actividades económicas.

La plataforma reduce de 63 a 10 los requisitos promedio para abrir un pequeño negocio y permite pasar de esperas de hasta 60 días a una gestión digital prácticamente inmediata y la parte positiva, es que hay municipios que sí entendieron la señal.

Ahome, municipio gobernado por Antonio Menéndez en Sinaloa; Acapulco, con Abelina López Rodríguez, que está de licencia; y Chihuahua, con Marco Antonio Bonilla Mendoza, están entre los gobiernos locales que han avanzado en la adopción.