Muerte voluntaria asistida: iniciativa plantea controles médicos y garantías contra presiones

El debate sobre el derecho a decidir ante enfermedades graves podría adquirir una dimensión constitucional en México.

La diputada federal Elena Edith Segura Trejo, integrante de Morena, impulsa una reforma para reconocer expresamente la muerte voluntaria asistida y establecer las bases que permitan regular su aplicación.

La iniciativa plantea modificar el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con ello, el reconocimiento de este derecho no quedaría limitado a la regulación de determinados procedimientos médicos, sino que sería incorporado al máximo ordenamiento jurídico del país.

De acuerdo con el proyecto, podrían recurrir a esta alternativa las personas mayores de edad que conserven la capacidad para tomar decisiones y enfrenten una enfermedad incurable e irreversible.

La manifestación de voluntad tendría que realizarse de manera libre, informada, consciente y reiterada.

La propuesta se enfoca en circunstancias excepcionales, particularmente cuando una enfermedad ocasiona sufrimiento grave, deterioro progresivo de la calidad de vida o una pérdida considerable de la autonomía.

Enfermedades irreversibles abren el debate sobre el derecho a decidir Entre los padecimientos relacionados con esta discusión se encuentran algunas enfermedades neurológicas y degenerativas.

La esclerosis múltiple, por ejemplo, puede afectar la movilidad, la visión, el equilibrio, la sensibilidad y otras funciones del organismo.

También existen enfermedades de la neurona motora, Parkinson y otros padecimientos que, en etapas avanzadas, pueden disminuir de manera importante la independencia de una persona.

En algunos casos, el deterioro genera una dependencia permanente para efectuar actividades cotidianas.

Frente a estas condiciones, la iniciativa coloca en el centro principios como la dignidad humana, la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud.

El planteamiento busca reconocer la capacidad de las personas para decidir sobre el proceso final de su vida cuando enfrentan una situación médica irreversible.

Sin embargo, el reconocimiento constitucional no implicaría que la muerte voluntaria asistida pudiera solicitarse o practicarse sin restricciones.