Cinco magistrados de Morelos viajarán a España por 12 días... y seguirán cobrando sueldo íntegro

La aprobación de una licencia de 12 días laborales con goce de sueldo para que cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos viajen a España ha generado críticas en la comunidad jurídica y del Poder Legislativo, reabriendo el debate sobre los privilegios de la alta burocracia judicial frente a la crisis de rezago en los juzgados locales.

Los beneficiados —Cecilia Verónica González, José Anuar González Cianci, Juan Gabriel Vargas y las hermanas María Luisa y Martha Sánchez Osorio— participarán en el programa de Movilidad Estudiantil Internacional España 2026 del 26 de octubre al 6 de noviembre, según consta en las circulares 17 a la 21/2026.

Aunque el magistrado presidente del TSJ, Juan Emilio Elizalde Figueroa, argumentó que la capacitación es inherente a la función pública y que los viajeros financiarán sus viáticos, la medida genera fuertes cuestionamientos éticos y administrativos.

Los cinco funcionarios seguirán percibiendo su sueldo mensual cercano a los 100 mil pesos —monto equiparable al salario de la Gobernadora y de la Presidencia de la República— sin desempeñar sus funciones jurisdiccionales durante dos semanas.

Juristas como Pedro Martínez Berro, del Foro Morelense de Abogados, advierten que subsidiar el sueldo de quien no trabaja genera un beneficio económico privado injustificado, especialmente al no existir certeza de que posteriormente no demanden el reembolso de gastos vía viáticos.

Mientras miles de ciudadanos enfrentan audiencias diferidas por meses, la ausencia simultánea de cinco magistrados compromete la celeridad del despacho judicial.

El cobro de salarios íntegros durante ausencias por capacitaciones en el extranjero evidencia una desconexión sistemática entre las altas esferas del Poder Judicial y las exigencias de austeridad institucional .

Financiar la formación académica personal a costa del erario —mediante la dispensa del trabajo sin afectación salarial— perpetúa la figura de una “casta dorada” en un sistema de justicia cuya prioridad urgente debiera ser la atención del rezago histórico que padece la ciudadanía.

Este hecho cobra aún mayor relevancia en el contexto de la reforma judicial .

Con la postergación de los procesos de elección popular en las entidades federativas hasta 2028, los integrantes actuales de la magistratura asegurarán su permanencia en el cargo por un periodo prolongado.

Esta extensión en el ejercicio de sus funciones garantiza la continuidad de sus prerrogativas salariales antes de someterse al escrutinio del voto popular, lo que intensifica la exigencia ciudadana de rendición de cuentas e impondrá la urgencia de justificar públicamente cada beneficio recibido.