“No fue homenaje, fue apropiación”: madres buscadoras reclaman a gobiernos de Puebla y Guanajuato incluirlas en Grito de Independencia

La labor de las organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas, conformadas principalmente por familias, se ha visibilizado de forma significativa durante el último año frente a la crisis de desaparición forzada que se atraviesa en México, luego de que de que por años han denunciado falta de atención por parte de las autoridades y han sido victimas de diferentes tipos de violencia, incluyendo el homicidio.

Esto llevó a que este 15 de septiembre pasado, los gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta, y de Guanajuato, Libia Dennise, las incluyeran en las arengas del Grito de Independencia .

No obstante, los colectivos no tomaron el gesto como un reconocimiento y cuestionaron su actuación al señalar que en ambas entidades persisten omisiones en las búsquedas, falta de seguridad y ausencia de resultados en las investigaciones.

En Guanajuato cuestionan la arenga de Libia Dennise Durante la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise , incluyó entre sus arengas la frase: “¡Vivan las madres buscadoras!” En un comunicado, la organización León Red Feminista cuestionó que esa expresión provenga de un Gobierno cuyo estado, de acuerdo con el colectivo, se ha convertido en la entidad con mayor número de agresiones letales documentadas contra personas buscadoras en México.

Sostuvo que la contradicción se vuelve más dolorosa ante la respuesta de la gobernadora frente a los casos de buscadoras asesinadas.

El documento recuerda la desaparición y posterior localización sin vida de Cecilia García , integrante de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos.

Según el comunicado, Libia Dennise declaró públicamente que Cecilia “No tenía la calidad de buscadora” y que no pertenecía al colectivo.

Sus compañeras salieron a desmentir esa versión y señalaron que continuaba participando activamente en búsquedas y acciones del grupo.

Días después, de acuerdo con el posicionamiento, el Gobierno tuvo que rectificar y reconocer a Cecilia García como buscadora.

El documento también cita los asesinatos de Patricia Acosta y Katia Citlali, integrantes del mismo colectivo.

En esos casos, el colectivo afirma que la respuesta de la gobernadora fue señalar que las víctimas no habían solicitado formalmente medidas de protección antes del ataque.

Las familias cuestionan que un reconocimiento institucional, un registro o una solicitud previa definan quién merece ser protegida.

A esto se sumó, según el colectivo, la negligencia denunciada recientemente por integrantes de Unidos por los Desaparecidos.

Las buscadoras acudieron a una jornada sin el acompañamiento de seguridad que debía estar presente y fueron abordadas por personas que mostraron un arma.