Julio Castellanos: Venezuela esclava y de los norteamericanos

El artículo 12 de la Constitución Nacional indica que: «Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles.

Las costas marinas son bienes del dominio público».

Por su parte, el artículo 13 prescribe que: «El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.

El espacio geográfico venezolano es una zona de paz.

No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna potencia o coalición de potencias.

Los Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional sólo podrán adquirir inmuebles para sedes de sus representaciones diplomáticas o consulares dentro del área que se determine y mediante garantías de reciprocidad, con las limitaciones que establezca la ley.

En dicho caso quedará siempre a salvo la soberanía nacional.

Las tierras baldías existentes en las dependencias federales y en las islas fluviales o lacustres no podrán enajenarse, y su aprovechamiento sólo podrá concederse en forma que no implique, directa ni indirectamente, la transferencia de la propiedad de la tierra».

Si tales obligaciones jurídicas no estuvieran escritas en la Constitución Nacional, sino —como parecen querer los personeros del régimen de facto— en una servilleta o en el papel higiénico, no representarían ningún problema.

Pero no es así; ese texto aparece en la Ley Fundamental que el pueblo venezolano se dio a sí mismo mediante el voto popular.

Un acuerdo «histórico», como lo califica el histriónico presidente Trump, tendría que ser al menos discutido en el parlamento venezolano; discutido para rechazarse si tuviéramos diputados con algo de sentido de pertenencia a la nación.

Sin embargo, la defensa nacional tiene pocos partidarios en la Asamblea Nacional, así que tampoco nos hagamos ilusiones.

Un país petrolero no puede ceder el control soberano de su principal producto de exportación ni al capital privado ni a potencias extranjeras porque, lógicamente, nuestras instituciones y el futuro nacional quedarían supeditados a intereses parciales o foráneos.

De ocurrir acuerdos de cooperación en los cuales se presupongan beneficios para todas las partes involucradas, solo podrían suscribirse por autoridades legítimamente electas por el pueblo y con estricta sujeción a las leyes de la República.