Reabren caso de abuso sexual contra el agresor de Linda Loaiza

Luis Antonio Carrera Almoina, señalado por secuestrar y someter a esclavitud sexual a la abogada Linda Loaiza López Soto en 2001, enfrentará un nuevo juicio por el delito de violación.

Así lo determinó este viernes la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, tras anular la absolución que había beneficiado al acusado en 2006.

La víctima, hoy convertida en referente internacional en la lucha contra la violencia de género, celebró el fallo pero advirtió que la batalla legal no ha concluido.

“Después de 25 años, esta decisión representa un avance importante en nuestra búsqueda de justicia, pero el camino aún no ha terminado”, dijo, y añadió que solo dará por cumplida la justicia cuando el Estado venezolano ejecute en su totalidad lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Carrera Almoina permanecerá recluido en el centro penitenciario Rodeo II, según la propia decisión judicial, que además avaló las apelaciones presentadas en su momento por el Ministerio Público y por Loaiza en calidad de víctima y querellante.

El expediente arrastra un historial de retrasos que se extiende por más de dos décadas.

Todo comenzó cuando Loaiza, con apenas 18 años y cursando estudios de veterinaria, fue raptada en Caracas por quien terminaría siendo apodado “El Monstruo de Los Palos Grandes”.

Durante 114 días permaneció cautiva y fue víctima de torturas y abusos sexuales, hasta que cuerpos de rescate lograron liberarla.

Aunque un tribunal lo condenó posteriormente por privación de libertad y lesiones graves, el agresor fue absuelto del cargo de violación y salió libre en 2008, un desenlace que Loaiza jamás aceptó y que la llevó a litigar ante instancias internacionales.

Esa vía dio frutos en 2018, cuando la Corte Interamericana determinó que el Estado venezolano había incurrido en responsabilidad internacional por fallar en proteger a la víctima y garantizarle justicia.

Sin embargo, dentro del país, el mandato del propio Tribunal Supremo de Justicia de revisar nuevamente las apelaciones —emitido en 2016— quedó engavetado durante años, hasta que este agosto el proceso volvió a activarse.

La reactivación no fue lineal: una primera cita en la Corte de Apelaciones, fijada para el 11 de agosto, terminó siendo diferida.

El acusado, por su parte, se presentó por cuenta propia ante la Fiscalía de Derechos Humanos el 25 de agosto para acatar una orden de aprehensión, momento en el que la propia Loaiza pidió que no se le concediera ningún beneficio procesal ante el riesgo de que evadiera la justicia.

Con el nuevo juicio ya ordenado, el caso —uno de los más emblemáticos en materia de violencia sexual y de género en Venezuela— entra en una fase que Loaiza y organizaciones de derechos humanos han esperado por más de dos décadas, sin que ello signifique, según la propia víctima, el cierre definitivo de su exigencia de verdad, reparación y garantías de no repetición.