Ayala Corao: Un buen baremo marcaría la diferencia en elección de magistrados del TSJ

El adecentamiento del Poder Judicial en Venezuela es un requisito imprescindible para una transición democrática sostenible.

Al respecto, el jurista Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y recientemente electo presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), no admite atajos: “Hay que restablecer la vigencia de la Constitución”.

Cuando los operadores de justicia han sido señalados por la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas como piezas activas del aparato represor del Estado, y bajo el influjo paralizante del “efecto Afiuni”, Ayala Corao propone transitar la ruta rigurosa y técnica que indica la Carta Magna.

Eso sí, el experto advierte que la justicia no se mejora de un día para otro, y que es necesario evitar arbitrariedades como las que conducen a las razias ensayadas en el pasado.

Comenzando con mal pie Para evitar la cooptación política del Tribunal Supremo de Justicia, la Constitución de 1999 incorporó el Comité de Postulaciones Judiciales, como una instancia integrada por “representantes de los diferentes sectores de la sociedad” (según reza el artículo 270), cuya principal tarea es elaborar una lista de elegibles al cargo de magistrado del TSJ.

Sin embargo, mediante una interpretación acomodaticia del Texto Fundamental, los diputados del oficialismo han copado el Comité de Postulaciones Judiciales y, de esa forma, han mantenido el control político del Poder Judicial.

Ahora, como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo encabezada por la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, y el presidente de la Asamblea Nacional de 2026, Jorge Rodríguez, se reformó la ley para que el Comité de Postulaciones Judiciales esté integrado por 12 representantes de la sociedad civil y 11 diputados.

Ayala Corao considera que tal reforma no es suficiente.

“La intervención de diputados como integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales es una clara inconstitucionalidad.

La Constitución de 1999 establece de manera diáfana que el Comité de Postulaciones Judiciales, como órgano auxiliar del Poder Judicial, debe estar integrado exclusivamente por representantes de la sociedad.

Este error se cometió desde los inicios del proceso constitucional, cuando se pretendió desdibujar el concepto de sociedad civil.

En este caso, la sociedad civil se representa mediante los colegios de abogados, los centros de investigación jurídica, los decanos de las facultades de derecho de las universidades serias y las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de la justicia y los derechos humanos.

Mantener dentro del Comité de Postulaciones Judiciales a integrantes de órganos del poder público, como los diputados, vicia el espacio constitucionalmente.