¿Se perdió el rastro del oro colombiano? La denuncia de Abelardo De la Espriella contra Gustavo Petro

Foto de Petro y Abelardo de la Espriella.

Créditos-redes sociales y colprensa El Estado administró durante años una empresa creada para comprar y exportar oro colombiano.

Hoy, una auditoría forense y una denuncia presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía concluyen que nadie puede demostrar plenamente de dónde provenía parte de ese metal.

CAMBIO obtuvo los documentos que reconstruyen esa historia.

La actual administración de Meprecol dice las irregularidades ocurrieron cuando la compañía estaba en manos de la SAE.

Por Sylvia Charry El martes 18 de agosto, en el auditorio principal del búnker de la Fiscalía, en Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella le entregó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, un documento de 82 páginas, una por cada caso, que su Gobierno incluyó en el llamado Libro de la Verdad.

“Pongo formalmente en sus manos el Libro de la Verdad.

El país quiere saber qué pasó”, dijo el mandatario ante las cámaras.

El documento reúne obras inconclusas, contratos y otros episodios de presunta corrupción de la administración de Gustavo Petro.

Pero hay un caso que no habla de obras ni de contratos, sino del oro que el Estado compró y exportó durante años por medio de una empresa que estaba bajo su administración.

Detrás del expediente hay cientos de folios de una auditoría forense y una pregunta que ahora vuelve a la superficie: ¿de dónde salió el oro que terminó comprando el Estado? En el centro está C.I.

Meprecol S.A.S., una comercializadora de metales preciosos que en noviembre de 2025, por instrucción de Petro, pasó al Ministerio de Minas y Energía para convertirse en una pieza clave de su apuesta por la compra estatal de oro Para entender qué estaba en juego hay que retroceder hasta 2006, cuando productores mineros del Chocó fundaron Meprecol como una comercializadora más de oro.

Prosperó rápido, hasta que en 2017 la Fiscalía tocó la puerta: sus representantes legales, contadores y revisores fiscales terminaron detenidos, y la empresa fue arrebatada al crimen por extinción de dominio, en un proceso que documentó el lavado de 3,6 billones de pesos.

Lo que ocurrió después fue más simple y más problemático.