En el Día de la Democracia: hablemos sobre el Estado que necesita Venezuela

Después de 27 años de chavismo sería muy fácil pensar que la reconstrucción de Venezuela consiste simplemente en hacer exactamente lo contrario de todo lo que se hizo durante este tiempo. Y quizás allí tengamos una de las primeras discusiones que debemos atrevernos a dar con franqueza, porque el rechazo comprensible hacia el socialismo del siglo XXI está comenzando a producir nuevos antagonismos alrededor de conceptos que deberíamos volver a discutir con racionalidad.

Todo aquello que se refiere a la gestión social por parte del Estado comienza a mirarse con rechazo o estigmatización porque se asocia inmediatamente con el modelo que hemos padecido. Mientras tanto, cualquier propuesta que hable de reducir el Estado, privatizar, liberalizar la economía o colocar la libertad individual en el centro puede adquirir legitimidad simplemente porque representa lo contrario. Entiendo perfectamente de dónde proviene esa reacción. Pero gobernar un país no puede consistir únicamente en reaccionar contra aquello que fracasó.

Y es que lo que vivimos los venezolanos no fue simplemente un Estado que asumió demasiadas responsabilidades sociales. Vivimos el desmantelamiento institucional del propio Estado, la desaparición progresiva de mecanismos de control, la concentración del poder y una peligrosa ausencia de fronteras entre partido, gobierno y Estado. Vivimos enormes esquemas de corrupción, irrespeto a la propiedad privada, destrucción de capacidades productivas, deterioro de los servicios públicos, pérdida de capacidades institucionales y graves violaciones de derechos humanos .

Por eso hay una diferencia enorme entre un Estado grande y un Estado fuerte. Venezuela llegó a tener un Estado que pretendía estar presente en prácticamente todos los espacios de la vida económica, política y social y que, paradójicamente, terminó siendo incapaz de cumplir muchas de sus funciones fundamentales. El problema no fue simplemente cuánto Estado tuvimos. El problema fue qué Estado construimos, qué límites perdió, qué instituciones destruyó y qué capacidades dejó de tener.

Es allí donde quiero volver sobre una discusión que Manuel García-Pelayo planteó alrededor del Estado social y democrático de derecho y que sigue teniendo una enorme vigencia para pensar Venezuela: la democracia tiene una dimensión política, pero también una dimensión social.

La democracia política permite que la ciudadanía elija a sus gobernantes y representantes; garantiza la división de poderes, el Estado de derecho, la institucionalidad, la transparencia, el pluralismo y la posibilidad real de controlar a quienes ejercen el poder. La democracia social, por su parte, procura que el Estado esté al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado. Entiende que la democracia no puede agotarse en votar periódicamente, sino que debe crear las condiciones para que las personas ejerzan efectivamente sus derechos y desarrollen sus capacidades.

Y aquí aparece una distinción que para mí es fundamental: hablar de democracia social no significa defender un Estado omnipresente.