Cecilia Sosa propone un interrogatorio público a aspirantes a magistrados del TSJ

Imaginemos un proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde los diplomas y los años de experiencia queden en segundo plano y lo prioritario sea la evaluación de la honorabilidad, una exigencia de la Constitución que históricamente ha sido ignorada.

Para lograrlo, Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, vicepresidenta de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y vocera principal del Bloque Constitucional de Venezuela, propone una práctica inédita: someter a cada aspirante a un interrogatorio completamente público y transmitido en tiempo real.

El propósito de esta comparecencia no sería medir la capacidad de memorización de normas o procedimientos, sino pasar un escáner sobre la rectitud del postulado para certificar su “no vulnerabilidad”, entendida como esa fortaleza ética indispensable para decir que no ante las presiones del poder de turno.

La gran novedad de este método, explica Sosa Gómez, radica en que el interrogatorio se estructurará sobre preguntas que no son de Derecho formal, pues los conocimientos jurídicos se podrían verificar más efectivamente mediante hechos (más que palabras); por ejemplo, mediante las obras publicadas de acuerdo con estándares de excelencia académica.

“El cuestionario buscará evaluar de manera directa la humanidad, el equilibrio emocional, la capacidad comunicativa y el sentido común de los futuros magistrados ante situaciones reales de la vida”, indica la proponente.

Y agrega que el examen podría comenzar con una pregunta tan elemental como pedirle al aspirante que se presente ante el país: “Bajo esta dinámica, un postulado honorable no requiere ser un sabelotodo infalible, e incluso puede responder con total aplomo que no puede contestar una pregunta compleja y, con esa sola demostración de honestidad, quedar bien ante la opinión pública”.

“Cuatro cabras” Desde 2004 el oficialismo se apoderó del Comité de Postulaciones Judiciales.

Ahora, como resultado de las negociaciones en la mesa de diálogo que lideran Jorge Rodríguez, por el chavismo, y Dinorah Figuera, por la oposición, se reformó la ley para llegar a una relación de doce representantes de la sociedad civil y once de la sociedad política en la instancia encargada de hacer la preselección de candidatos a magistrados del TSJ. -¿Esta fórmula de 12 a 11 es suficiente para garantizar la legitimidad de origen que requiere el TSJ? -Esta relación de 12 a 11 es una ilusión de equilibrio.

Lo reformado es producto de la negociación de la mesa, un proyecto votado sin consultar a nadie.

El proceso arranca con una comisión preliminar integrada por once diputados, un invento que funciona como el “tótem” de origen del proceso.