VIDEO | Arquidiócesis de Barquisimeto denuncia asedio judicial e intromisión política ante crisis de colegio católico #18Ago

En un hecho sin precedentes marcado por un tono firme y de profunda consternación, la Arquidiócesis de Barquisimeto fijó postura pública este martes 18 de agosto de 2026 sobre la grave situación legal y financiera que atraviesa la Asociación Civil Unidad Educativa Colegio Nuestra Señora del Carmen , ubicada en el sector Moyetones 3, al oeste de la capital larense.

La lectura del documento oficial tuvo lugar en la mañana de este martes en el Santuario Arquidiocesano de la Divina Pastora , en la parroquia Santa Rosa de Lima, contando con la presencia de todo el clero de Barquisimeto . Ante los medios de comunicación presentes, la vocería fue asumida de manera conjunta por el presbítero Raúl Herrera , vicario de los Derechos Humanos de la Arquidiócesis; la abogada Massiel Ramos , representante legal de la jurisdicción eclesiástica; el diácono Daniel Vargas y la hermana Ana Pérez , religiosa Agustina Recoleta.

Frente a lo que catalogan como campañas de descrédito , desinformación y señalamientos descontextualizados en plataformas digitales hacia la dignidad de su arzobispo, Monseñor Polito Rodríguez Méndez , la representación eclesiástica sostuvo que no responderá a la confusión con confrontación, sino con la verdad , la oración y la firme defensa de la dignidad humana . El documento oficial desglosa en cuatro puntos centrales los motivos que llevaron a tomar determinaciones en la institución educativa y las anomalías procesales detectadas.

La Iglesia ratificó su compromiso con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y el derecho constitucional a la educación (Art. 102) . Aclararon que el proyecto no podía sostenerse en un ambiente de precariedad que vulnerara la seguridad escolar (Art. 55 LOPNNA) , asegurando que se han cumplido todos los protocolos legales para garantizar que ningún estudiante quede sin prosecución escolar .

La medida de cierre técnico fue calificada como una decisión de prudente administración amparada en el Código de Derecho Canónico (Can. 1284 §1) . La Arquidiócesis detalló que el colegio contaba con apenas 86 estudiantes y una mínima tasa de solvencia . La falta de recursos impedía cubrir la operatividad, el mantenimiento físico, el pago de tributos y las cargas de la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social , las cuales, sumadas al entorno macroeconómico, hicieron materialmente imposible la continuidad.

La representación legal de la Arquidiócesis denunció abiertas fallas e inconsistencias en la actuación del tribunal actuante. Por un lado, un tribunal declaró inadmisible un recurso de amparo introducido por la Iglesia para resguardar a la totalidad de los alumnos, reconociendo en su lugar una acción de protección solo para 5 estudiantes y fijando audiencia para el 5 de octubre , fecha posterior al inicio de clases programado para el 14 de septiembre .