Un juez ordena el traslado inmediato del expresidente Luis Arce a un centro oncológico por complicaciones de salud

Un juez de garantías dispuso este miércoles la transferencia inmediata del expresidente boliviano Luis Arce (2020-2025) a un centro médico oncológico especializado, con el objetivo de garantizar la administración de un tratamiento adecuado para la afección cancerígena que padece, mientras cumple medida de detención preventiva por presuntos actos de corrupción durante su gestión ministerial.

La decisión judicial responde al otorgamiento de una tutela tras la interposición de un recurso de acción de libertad por parte de sus familiares.

La orden instruye formalmente su internación bajo resguardo de las autoridades penitenciarias, al tiempo que convoca a una audiencia de revisión de medidas cautelares para evaluar el estatus procesal del exmandatario .

Fernando Rivadeneyra, integrante del equipo de defensa legal de Arce, señaló que el exjefe de Estado no ha recibido evaluaciones médicas especializadas desde su ingreso a prisión en diciembre pasado, omitiendo el esquema de controles semestrales fijado en su última valoración de octubre.

La representación legal enfatizó su preocupación por un posible agravamiento de su cuadro oncológico y de sus padecimientos renales crónicos, diagnosticados inicialmente en 2017 durante su periodo como ministro de Economía del gobierno de Evo Morales .

"Se ha solicitado reiteradamente la autorización para las revisiones médicas de rigor sin obtener respuesta oportuna, lo que genera una enorme preocupación de que la patología se haya descontrolado en el recinto penitenciario", argumentó la defensa de Arce tras el dictamen.

El fallo emitido motivó pronunciamientos por parte del Ejecutivo nacional.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, cuestionó que la decisión fuera adoptada por un juzgado con sede en el departamento de Santa Cruz, pese a que el proceso penal principal contra el exmandatario radica en los tribunales de La Paz.

Arce permanece privado de libertad en el penal de San Pedro, en la sede de gobierno, en el marco de una investigación adelantada por el Ministerio Público por la presunta transferencia irregular de fondos públicos del Fondo Indígena hacia cuentas privadas.

El expediente incluye imputaciones por legitimación de ganancias ilícitas que involucran a su entorno familiar, caso por el cual su hijo mayor, Marcelo, también se encuentra bajo prisión preventiva en Santa Cruz.