Claves | Impsa y sus escándalos: así es la empresa que culminará Tocoma
La firma de un nuevo acuerdo entre Impsa y Corpoelec para recuperar Tocoma y Macagua coloca nuevamente a la compañía argentina en el centro de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos y problemáticos de Venezuela . La nueva Impsa promete recuperar 672 megavatios en una primera etapa , mientras su historia y las personas que ahora están al frente de la empresa abren una serie de preguntas sobre quién regresa al país y bajo qué condiciones.
Impsa nació en 1907 en Mendoza, Argentina, cuando Enrique Epaminondas Pescarmona fundó los Talleres Metalúrgicos Pescarmona. La compañía comenzó fabricando piezas de fundición, equipos para la industria vitivinícola y compuertas para canales de irrigación. En 1965 adoptó el nombre Industrias Metalúrgicas Pescarmona, de donde proviene el acrónimo Impsa.
Durante el siglo XX se convirtió en una empresa especializada en grandes estructuras de acero y equipos electromecánicos. En las décadas de 1970 y 1980 desarrolló tecnología propia para generación hidroeléctrica y grúas portuarias. En los 90 comenzó a participar como desarrolladora de proyectos energéticos y posteriormente amplió sus negocios hacia la energía eólica y nuclear.
Según la información institucional de la compañía, Impsa ha desarrollado más de 180 proyectos y tiene más de 50 000 MW instalados en más de 40 países . Sus negocios actuales están concentrados principalmente en generación hidroeléctrica , energía nuclear y grúas portuarias .
La empresa tiene presencia operativa entre Argentina y Estados Unidos. Su planta industrial y sede histórica están en Godoy Cruz, Mendoza; mantiene una oficina comercial en Buenos Aires y una oficina en Coral Gables, Florida. También posee una planta de producción en Houston y un centro de desarrollo tecnológico en Mendoza.
Uno de los proyectos internacionales más importantes de Impsa fue CBK Power Company, en Filipinas, una sociedad que compartió con la estadounidense Edison Mission Energy para rehabilitar, construir y operar tres centrales hidroeléctricas mediante un contrato de 25 años.
Pero aquella operación también terminó rodeada de acusaciones. En 2003, el expresidente filipino Joseph Estrada, quien estaba detenido por un caso de corrupción, declaró ante el Senado de su país que Impsa había intentado sobornarlo con 14 millones de dólares para aprobar la continuidad del contrato. Legisladores filipinos también acusaron al entonces ministro de Justicia Hernando Pérez de haber recibido presuntamente 2 millones de dólares relacionados con la operación.
Impsa negó las acusaciones. Su entonces director y gerente general, Carlos Ruiz, defendió el proyecto y aseguró a La Nación que era una inversión genuina de 460 millones de dólares y que contaba con financiamiento de 19 bancos que habían realizado procesos de debida diligencia. Por tanto, el episodio forma parte de los cuestionamientos históricos a la compañía, pero no debe presentarse como una condena por corrupción contra Impsa.
Después de décadas de expansión internacional, Impsa entró en una profunda crisis financiera.
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