Dos presos mueren por graves cuadros de salud en Rodeo II y Rodeo IV, denuncia el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)

La muerte de dos personas bajo custodia del régimen vuelven a encender las alarmas sobre la situación sanitaria en las cárceles venezolanas, denuncia el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Los fallecimientos, ocurridos en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV, llevan al Observatorio a advertir sobre la necesidad de evaluar los mecanismos de prevención, vigilancia y control epidemiológico en dos establecimientos que, en conjunto, concentran a casi 2.000 personas privadas de libertad.

En el Internado Judicial Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien, de acuerdo con la información conocida por el OVP, padecía meningitis bacteriana. Actualmente, este penal alberga a más de mil reclusos, pese a estar diseñado originalmente para una población aproximada de 500 personas.

Esto significa que Rodeo II funciona actualmente, como mínimo, al 200% de su capacidad original y presenta al menos 100% de hacinamiento. En estas condiciones, la aparición de una enfermedad transmisible como la meningitis bacteriana no puede analizarse únicamente desde la situación individual de quien la padecía, sino también desde el riesgo que puede representar para una población obligada a convivir en condiciones de sobrepoblación.

Por su parte, en el Internado Judicial Rodeo IV murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico. En este mismo penal, donde permanecen recluidas más de 950 personas, Deivi Enrique García también falleció por motivos de salud el pasado 20 de abril.

Ambos casos ocurren en un establecimiento sobre el cual prevalece una opacidad casi absoluta, pues se desconoce incluso su capacidad instalada y tampoco existen datos públicos, periódicos y verificables sobre alimentación, higiene, agua potable, atención médica, enfermedades, tratamientos disponibles o el número de personas que han fallecido bajo custodia.

Estas muertes ocurren, además, en momentos en que Delcy Rodríguez anunció que el Gobierno venezolano trabaja en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión y consolidar mejoras en el sistema penitenciario.

Desde el OVP valoramos que un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad pueda tener acceso a las cárceles venezolanas y conocemos el carácter confidencial que rige la actuación del CICR. Precisamente por ello, esperamos que esta cooperación permita conocer la realidad penitenciaria sin filtros y no termine utilizada por el Gobierno para lavar la cara de un sistema que durante años ha acumulado denuncias de hacinamiento, muertes, enfermedades, torturas, alimentación deficiente y falta de atención médica.

La experiencia obliga a mantener una mirada crítica; no basta con limpiar los espacios por donde pasará una delegación, seleccionar previamente qué establecimientos se mostrarán o realizar recorridos acompañados por las mismas autoridades responsables de administrar el sistema.