Alianza Agrominera denuncia cobros de hasta $25.000 por registros mineros en Bolívar

La Alianza Agrominera Mama Pancha pidió al Ejecutivo nacional atender las denuncias de presuntas irregularidades administrativas, cobros indebidos y hostigamiento contra trabajadores de la pequeña y mediana minería en el corredor vial Nacupay, municipio El Callao del estado Bolívar.

Yunices Barreto, presidenta de la organización, señaló al Ministerio de Minas y a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) por supuestas prácticas irregulares en la tramitación de documentos necesarios para desarrollar actividades mineras. Entre sus principales señalamientos figuran cobros de miles de dólares para obtener el Registro Único Minero (RUM).

Según Barreto, algunos solicitantes deben pagar entre 10.000 y 25.000 dólares para conseguir ese documento. La dirigente mencionó expresamente a Desire Hidalgo, a quien identificó como asistente del ministro, y a otros funcionarios, sin que la información suministrada incluya respuestas de los señalados.

La representante gremial también cuestionó las demoras en los procedimientos administrativos que deben cumplir los trabajadores para regularizar sus operaciones. Aseguró que algunos mineros llevan hasta tres años esperando documentos como la carta de inicio de operaciones, el acta de arrime, los adendos y la inscripción en el RUM.

Barreto sostuvo que las solicitudes permanecen sin respuesta, una situación que, a su juicio, mantiene a trabajadores y pequeños productores en condiciones de incertidumbre jurídica e impide avanzar en la formalización de sus actividades.

La organización pidió que las autoridades revisen los procedimientos y atiendan los expedientes pendientes. Entre sus reclamos está que la emisión de documentos oficiales se realice mediante mecanismos transparentes y sin cobros irregulares.

Las denuncias también abarcan actuaciones de organismos de seguridad en las zonas mineras. Barreto afirmó que trabajadores han sufrido agresiones y hostigamiento durante incursiones en las que, según su testimonio, han participado funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), JEPAMO y la Guardia Nacional Bolivariana.

La dirigente aseguró que algunos efectivos se presentan encapuchados y portan armas largas. Estas declaraciones forman parte de los señalamientos de la Alianza, que reclama una revisión de los procedimientos aplicados en el corredor minero de Nacupay.

Asimismo, denunció desalojos y la presunta sustracción de material aurífero acumulado por los trabajadores. Según su versión, en algunas actuaciones se habría invocado a la empresa Minervén, que describió como disuelta, para retirar a mineros que habían invertido recursos en sus operaciones y despojarlos de sus alianzas.

La organización solicita que se investiguen estas actuaciones y se determine si los procedimientos aplicados se ajustan a la normativa vigente.

La presidenta de la Alianza Agrominera Mama Pancha afirmó que también fue víctima de persecución judicial.