Una “cuarentena política” para blindar la independencia judicial, propone Carlos Lusverti

La falta de independencia judicial en Venezuela es estructural y sistemática, y lo peor es que suele normalizarse.

Sin embargo, hay centros de pensamiento como la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) que se han dedicado (también sistemáticamente) a describir y analizar los mecanismos formales e informales que pervierten el sistema de administración de justicia en el país.

Desde la CIJ, el abogado Carlos Lusverti ha coordinado estudios sobre la organización y funcionamiento del aparato jurídico del Estado venezolano, los cuales adquieren especial relevancia ahora, cuando se identifica con mayor claridad que el saneamiento del Poder Judicial es un requisito imprescindible para avanzar en la recuperación de la democracia en el país.

Para Lusverti, la superación de la crisis no admite soluciones cosméticas ni parches procedimentales: “Rescatar la independencia judicial requiere un abordaje simultáneo en la cúpula y en la base del sistema, que combine una refundación ética de los mecanismos de selección en el Tribunal Supremo y la restitución de los concursos públicos de oposición para los jueces de instancia”.

Desde su perspectiva, el cumplimiento estricto del marco constitucional no es una postura maximalista, sino la única ruta legítima para desmontar los incentivos perversos que han sometido a los juzgadores.

Entre el «dejar hacer» y el efecto de parálisis -¿Cómo operan en la práctica esos controles informales que no están en la ley pero que condicionan cotidianamente el trabajo de los jueces? -Hay una vinculación directa entre la corrupción entendida como desviación económica y la corrupción como abuso de poder con fines políticos.

Uno de los mecanismos informales de control más perverso es lo que llamamos la estrategia del «dejar hacer».

Consiste en que el poder político tolera y permite que determinados jueces o fiscales participen en actividades irregulares, turbias o al margen de la legalidad.

No se les fiscaliza de inmediato, sino que se les deja actuar para ir acumulándoles un expediente.

Cuando surge un caso de alto perfil o de interés político donde el gobierno necesita una decisión determinada, se utiliza ese historial de irregularidades como una herramienta de chantaje y extorsión directa contra el juzgador. -¿Esta lógica de extorsión no parece ser exclusiva del Poder Judicial. ¿Se replica en otros ámbitos del Estado? -Absolutamente.

Es una estrategia de control político que hemos visto aplicar en otros sectores altamente regulados..

Organismos de fiscalización como el Seniat, la Sundde o Conatel, en lugar de aplicar la ley de forma igualitaria e independiente, realizan una aplicación diferenciada.