¡Libertad para los presos políticos ya!

El grupo político que se instaló en Miraflores en febrero de 1999 acumuló buena parte de sus galardones, enarbolando la bandera de la defensa de los derechos humanos.

Algunas de sus figuras más connotadas denunciaban las supuestas injusticias que cometían los cuerpos de seguridad del Estado contra quienes se oponían al Gobierno.

Hugo Chávez y los demás comandantes que dirigieron la fracasada intentona del 4 de febrero de 1992 (4-F), justificaron el cuartelazo por los supuestos excesos perpetrados por las Fuerzas Armadas contra el pueblo inerme, durante el ‘Caracazo’ los días 27 y 28 de febrero de 1989.

Según los cabecillas del golpe, el movimiento insurreccional había que asumirlo como una forma de lavarle el rostro a la institución castrense y recuperar la dignidad perdida por los crímenes cometidos durante aquellos días.

Este discurso grandilocuente comenzó a desdibujarse cuando Chávez empezó a dar el giro que lo llevaría a instalar un esquema autoritario que calcaba los aspectos esenciales del régimen totalitario impuesto por Fidel Castro en Cuba.

Recrear el modelo de la isla en un país que había tenido una de las democracias más sólidas y longevas del continente, ejemplo en el mundo occidental, pasaba por convertir en práctica cotidiana el ataque sistemático a las instituciones y a las libertades básicas del orden democrático.

Los lamentables sucesos del 11 de abril de 2002 y la posterior huelga petrolera le sirvieron a Chávez de excusa para afianzar la influencia fidelista en Venezuela.

La receta del dictador isleño era simple: a la oposición pan y agua.

No había que darle tregua ni espacio para que subsistiera.

Chávez ordenó el cierre de RCTV, que pasó a ser el símbolo del ataque a la libertad de expresión; el encarcelamiento arbitrario de la jueza María Lourdes Afiuni, quien se convirtió en su rehén particular; y la colonización del Poder Judicial, para subordinarlo a sus caprichos.

El mensaje era categórico: estaba dispuesto a imponer un modelo represivo que le garantizara mantenerse en el poder acallando las voces disconformes.

Cuando el caudillo falleció, su heredero Nicolás Maduro, aun más sometido a la férula cubana, convirtió la represión en su principal instrumento de sobrevivencia.

Sin el liderazgo, legitimidad y carisma que poseía Hugo Chávez, Maduro entendió que solo le quedaba montar un aparato que intimidara, persiguiera, encarcelara, desapareciera y asesinara a sus opositores.

Era la única forma de perpetuarse en el Gobierno.