Vulneración de derechos humanos constituye otro terremoto
A las 6:04 de la tarde del miércoles 24 de junio la vida dio un giro inesperado para miles de venezolanos. Apenas había empezado el partido de Brasil contra Escocia en el Mundial de Fútbol que a la postre ganó España y nadie vio venir un terremoto seguido de otro de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, que acabaron con la vida de más de 6000 personas , de acuerdo a cifras oficiales.
Después de dos meses de la tragedia que dejó 86000 heridos y 17000 damnificados , la mayoría en el estado La Guaira, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) elaboró un informe donde hace un balance desde la perspectiva de DDHH y con énfasis en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A continuación los puntos que desglosa este informe:
– Respuesta gubernamental : Provea expuso que constató la actuación descoordinada de los cuerpos de seguridad, una deficiente gestión del tránsito de ambulancias y personal de salud, y escasa protección a las labores del personal de socorro, especialmente en La Guaira. Dijo que la comisión de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) , Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS ) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB ) en labores de gestión de riesgos y control del orden público, entorpecieron el manejo de la crisis y encendieron las alarmas en vista de la actuación previa de estos organismos en tópicos relacionados con respeto a DDHH. Provea recordó que en el marco del deslave ocurrido en La Guaira en 1999, funcionarios de la DISIP (actual SEBIN) fueron responsables de la desaparición forzada de ciudadanos detenidos. “La excesiva securitización y militarización, basadas en el copamiento de la zona de desastre por agentes armados, se aleja de la función que los órganos de seguridad civiles y militares deberían ejercer en este tipo de crisis”, expone el comunicado. Provea indicó que el amplio despliegue de funcionarios públicos de seguridad probablemente obstaculizó las labores de socorro. La organización calificó como controversial la medida de militarizar La Guaira a fin de evitar el ingreso masivo y “desordenado de personas, vehículos y voluntarios sin coordinación con el Estado Mayor”. Provea indicó que haber instalado un punto de registro en el Poliedro de Caracas ralentizó y burocratizó las ayudas de la sociedad civil. La organización recordó que diez días después del doblete sísmico, Delcy Rodríguez sostuvo que las denuncias sobre falta de actuación inmediata por parte del Estado eran matrices creadas para politizar la situación, calificó de miserables las críticas por los retrasos en el auxilio.
Edificios sobre terrenos inestables : La organización expuso que el nivel de destrucción materializado en los OPPE (Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales) de Misión Vivienda de La Guaira, se deben en gran medida a la falta de procesos de licitación adecuados y al estudio técnico de los terrenos donde se construyeron. Solamente en la Guaira hubo derrumbes en 10 desarrollos urbanísticos de la Gran Misión Vivienda Venezuela .
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