PCV exige responsabilidades por la actuación de los tribunales «antiterroristas»

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió que se determinen responsabilidades por las actuaciones de los tribunales que durante más de una década procesaron a trabajadores, sindicalistas, estudiantes y otros ciudadanos bajo acusaciones de terrorismo, tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de eliminar las competencias en esa materia de cuatro juzgados de Caracas. «Estos tribunales, durante casi una década, se convirtieron en el brazo ejecutor de una política sistemática de criminalización de las luchas del pueblo trabajador venezolano», afirmó Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del PCV.

Aunque consideró que la decisión judicial es un anuncio que debe saludarse, Andrade advirtió que no puede utilizarse para presentar como superadas las prácticas represivas de los últimos años sin investigar sus consecuencias y establecer responsabilidades.

El PCV denunció un esquema que comenzaba con detenciones arbitrarias de trabajadores y culminaba con acusaciones de delitos que resultaban desproporcionados frente a las acciones que habían motivado sus arrestos: «¿Cuál era el modo operandi de este esquema represivo? Ocurrían las protestas, las legítimas protestas de los trabajadores; tras estas protestas ocurrían detenciones arbitrarias por parte de organismos de contrainteligencia militar o de organismos de inteligencia policial; y tras estas detenciones ocurrían desapariciones forzadas temporales, de corta duración en algunos casos, en otros no tan cortas.

Y finalmente, cuando los trabajadores reaparecían ante la opinión pública, era el día que los presentaban en un tribunal antiterrorista bajo acusaciones desproporcionadas», relató.

Andrade sostuvo que este mecanismo afectó particularmente al movimiento sindical, a trabajadores de las empresas básicas y de la industria petrolera, así como a empleados del sector eléctrico.

También mencionó casos de trabajadores de la prensa y menores de edad sometidos a procesos por terrorismo.

Entre los casos que citó figuran los de Eudis Girot, en el sector petrolero, y Daniel Romero y Leonardo Azócar, vinculados con la actividad sindical en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

Asimismo, recordó las detenciones de trabajadores eléctricos después de los apagones de 2019 y los arrestos posteriores a las elecciones presidenciales, cuando se produjeron detenciones masivas de ciudadanos que reclamaban sus derechos. «Estos casos no pueden pasar de manera impune.

Hay que asumir responsabilidades sobre esta práctica con la que se buscó […] neutralizar las legítimas luchas del pueblo venezolano», declaró.