ONG exigen que designación del nuevo TSJ cuente con un comité de postulaciones con organismos internacionales

Aseguraron que se debe otorgar el protagonismo a la sociedad civil en la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; pidieron acceso público a las credenciales de los aspirantes y un baremo que todos puedan conocer

Dijeron que para que ello ocurra debe haber un comité de postulaciones judiciales independiente, la publicación íntegra del baremo de evaluación, tal como lo exige el artículo 73 de la propia Ley Orgánica del TSJ, así como un acceso público a los expedientes de los postulados.

La Asamblea Nacional controlada por el chavismo había iniciado ese proceso en abril pasado cuando se forzaron las jubilaciones de varios magistrados afines a Nicolás Maduro y Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero por militares estadounidenses que los extrajeron de Venezuela y recluyeron en una cárce de Nueva York donde esperan un juicio.

«Aumentar los magistrados del TSJ no soluciona los problemas del Poder Judicial»: la advertencia de especialistas

En ese proceso, escogieron al comité de postulaciones judiciales, con mayoría de integrantes del chavismo; se reformó la Ley Orgánica del TSJ para ampliar de 20 a 32 el número de magistrados, como ya había hecho en 2014 el chavismo, pero que luego redujo y nuevamente amplió. Ese grupo permitió la postulación de 561 personas, algunas de ellas que ya habían ejercido cargos en el TSJ o otras instancias de la administración pública.

Entre ellos estaban la actual rectora del Consejo Nacional Electoral, Acmé Nogal, quien preside la Comisión de Participación Política y Financiamiento, pero además avaló el triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio de 2024, pese a que el CNE no presentó las actas para justificar esa supuesta victoria.

Las ONG, entre ellas el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Justicia, Encuentro y Perdón, Provea, Acceso a la Justicia, Aula Abierta, Civilis y Caleidoscopio Humano, hicieron hincapié en que el TSJ ha sido usado por el chavismo como un instrumento de represión institucional a lo largo de las últimas dos décadas.

Al pedir que el comité de postulaciones sea amplio, sugirieron que lo integren «especialistas nacionales e internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), universidades y sociedad civil— que acompañe la evaluación de los candidatos conforme al baremo, sin sustituir al Comité de Postulaciones Judiciales pero aportando una verificación técnica y objetiva de su cumplimiento».

Llamaron a que ese grupo sea controlado no por el Legislativo sino por la sociedad civil; actualmente consta de 21 miembros, 11 que son parlamentarios y 10 de la sociedad civil, esto para que haga peso «el rol central en la preselección de candidatos».

Asimismo pidieron que se reconfigure el comité de postulaciones del Poder Ciudadano, encargado de presentar a los candidatos o aspirantes a Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo, toda vez que los nombramientos de nuevos funcionarios en esos cargos no cumplieron con los parámetros legales.

«Actualmente está integrado por 13 diputados, cuando debe ser constituido por miembros de la sociedad civil.