Golpe judicial a la política migratoria de Trump: anulan veto de visas para 75 países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto al secretario de Estado, Marco Rubio, durante una mesa redonda sobre la industria minera estadounidense en el Departamento de Estado de EE.

UU. en Washington D.

C., el 7 de agosto de 2026.

Elizabeth Frantz REUTERS Una jueza federal de Nueva York dejó sin efecto una medida del gobierno de Trump que impedía a los ciudadanos de Haití, Cuba y otros 73 países —muchos de ellos con comunidades de inmigrantes firmemente asentadas en el sur de la Florida— obtener visados para residir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos.

Por Syra Ortiz Blanes | El Nuevo Herald La jueza Jeanette A.

Vargas declaró que la directiva emitida en enero por el secretario de Estado Marco Rubio, en la que se ordenaba a los funcionarios de la agencia rechazar las solicitudes de esos países —alegando que existía un alto riesgo de que eventualmente dependieran de la asistencia social del gobierno— es ilegal.

Vargas dijo que la prohibición se basaba en la nacionalidad y se había emitido “excediendo la autoridad de Rubio”, por lo que la anuló en virtud de las leyes federales que regulan cómo las agencias crean y revisan las normas.

“Esta abierta vulneración del detallado marco legal promulgado por el Congreso no se sostiene ni ante el análisis más superficial… Conviene señalar que el gobierno no ha identificado ninguna disposición jurídica que faculte a un funcionario consular a denegar un visado a un solicitante que, por lo demás, reúna los requisitos exigidos.

En su lugar, el gobierno incurre en lo que bien podría calificarse como un ejercicio de lógica orwelliana”, escribió Vargas, magistrada nombrada por el presidente Biden que ejerce en el Distrito Sur de Nueva York.

Entre los demás países afectados por la medida figuran Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Dominica, Granada, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay, naciones con cientos de miles de nacionales que viven y trabajan en el sur de la Florida.

La directriz de Rubio impedía a muchos de ellos, o a sus familiares, solicitar visados de residencia permanente, ya fuera por motivos de empleo o de reagrupación familiar.

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