Miami-Dade recupera el terreno de Alligator Alcatraz y evalúa su futuro ambiental

El estado de Florida devolvió al condado de Miami-Dade el terreno que ocupó durante un año el polémico centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, una instalación que se convirtió en uno de los símbolos de la política de deportaciones impulsada por el presidente Donald Trump.

La transferencia del predio se produjo después del cierre del centro a finales de junio. Una inspección realizada por funcionarios estatales y locales identificó daños tanto en la pista de aterrizaje como en áreas del terreno provocados por las obras y por el funcionamiento de las instalaciones, informó la Alcaldía de Miami-Dade.

Ahora, el condado espera que la administración del gobernador Ron DeSantis asuma la reparación de los daños antes de definir el futuro de las casi 10.000 hectáreas.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, cuestionó desde el inicio la construcción del centro y planteó que la devolución del terreno abre la posibilidad de destinarlo nuevamente a la conservación ambiental.

“Desde el principio he sido clara en que este centro de detención nunca debió construirse, y ahora tenemos la oportunidad de dar forma a un futuro mejor para estas tierras”, declaró la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, en un video en X.

El gobierno local analiza la posibilidad de vender o transferir parte del terreno al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos o a organizaciones dedicadas a la restauración de los humedales. La intención es encontrar una fórmula que permita proteger de manera permanente esta zona, ubicada junto al ecosistema de los Everglades.

Alligator Alcatraz comenzó a funcionar en julio de 2025, después de que el estado asumiera el control del antiguo aeródromo, propiedad del condado, mediante poderes de emergencia.

La decisión se produjo luego de que las autoridades locales rechazaran una oferta estatal de 20 millones de dólares para adquirir el terreno.

Trump participó en la inauguración del centro, presentado por su administración como parte de la estrategia para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes mientras avanzaba su política de deportaciones masivas.

El centro dejó de operar casi un año después de su apertura. DeSantis defendió entonces los resultados de la instalación y sostuvo que “cumplió su misión” al contribuir a casi 30.000 deportaciones adicionales.

La operación del complejo, sin embargo, generó críticas por sus elevados costos. Las estimaciones situaron el gasto en más de un millón de dólares diarios.

Organizaciones de derechos civiles y grupos defensores de los inmigrantes denunciaron las condiciones dentro del centro. Entre las acusaciones figuraron el uso rutinario de esposas, presuntas agresiones por parte de los guardias, períodos prolongados de aislamiento, baños desbordados y presencia de insectos.

Amnistía Internacional calificó algunas de estas prácticas como “tortura”.

Las condiciones de detención también provocaron disputas legales por las dificultades que enfrentaban los internos para comunicarse con sus abogados. Un tribunal federal terminó ordenando que se garantizaran las comunicaciones confidenciales entre los detenidos y sus representantes legales.