Estados Unidos sanciona a presidenta y a juez de la CPI

Estados Unidos anunció este martes sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane.

También contra el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la corte, en lo que supone un nuevo paso dentro de la campaña del Gobierno del presidente Donald Trump para desmantelar el tribunal.

“Estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción” de ese tribunal, declaró en un comunicado el secretario de Estado Marco Rubio.

El anuncio está en línea con lo adelantado en julio por el propio Rubio, que prometió endurecer la campaña para desmantelar la corte.

“La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato.

No toleraremos este asalto a la soberanía”, añadió Rubio.

Washington ha impuesto sanciones -con prohibición de viaje a EE.UU. y congelación de activos en este país- a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave.

CPI rechaza las presiones Como presidenta de la Corte Penal Internacional, Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la institución, mientras que Seye parece haber supervisado investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania o al suministro de armas a colonos, un área especialmente sensible para Washington.

EE.UU. no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber firmado nunca el estatuto de Roma, y el Gobierno de Trump aplica la misma tesis para Israel y sus ciudadanos, al tampoco ser firmante.

En un comunicado, la CPI reaccionó considerando que esas sanciones “socavan el Estado de derecho”.

“Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo”, señaló el tribunal con sede en La Haya.

Además, la corte rechazó las presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones “con independencia e imparcialidad” y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.

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