Sary Levy Carciente: De la destrucción a la transición necesaria

La transición que requiere el país no puede entenderse como una simple reforma legislativa o un ajuste técnico; implica, forzosamente, el desmantelamiento de una red de intereses profundamente arraigada.

Nos encontramos en una fase de transición política compleja e incómoda.

Por ello, las expectativas de cambios deben ser moderadas y exigen un sentido lógico de espera estratégica.

Es fundamental reconocer que el caso venezolano trasciende la noción convencional de una dictadura.

Enfrentamos lo que se conoce como un estado híbrido criminal, caracterizado por una fusión total donde las organizaciones delictivas ocupan la cúspide del poder político, utilizando la soberanía, la diplomacia y el monopolio de la fuerza pública para gestionar economías ilícitas a gran escala, lo que exige un desmantelamiento estructural y no una simple reforma administrativa.

Más aun, no solo ocupan la cima del poder político, sino también la del económico y el militar-policial.

Todo esto exige un desmantelamiento estructural y no una simple reforma administrativa.

A lo largo de los años, la sociedad venezolana y sus aliados democráticos han navegado por un laberinto de múltiples experiencias de negociación y diálogo, las cuales, lejos de concretar una apertura democrática, han sido sistemáticamente instrumentalizadas como tácticas dilatorias para ganar tiempo, fracturar a la oposición y relajar la presión internacional.

Sin embargo, en este momento se presenta una diferencia sustancial respecto al pasado; un factor que altera radicalmente la dinámica de los habituales pactos a puertas cerradas y es que las maniobras del régimen han quedado plenamente expuestas ante la comunidad internacional.

Los eventos ocurridos en el pasado reciente -desde el burdo fraude electoral en 2024, hasta la indolente respuesta pública durante la tragedia del doblete sísmico, donde fue la sociedad civil la que asumió la titánica responsabilidad de rescate y auxilio- han dejado meridionalmente claro que cualquier maquillaje institucional o lavado de cara cosmético es totalmente insuficiente para ocultar la naturaleza criminal de quienes ejercen el poder.

Los actores presentes en las negociaciones enfrentan una intensa presión geopolítica, principalmente por la activa participación de Estados Unidos.

Esta dinámica externa colisiona y, a la vez, amplifica una profunda asimetría en la mesa de diálogo: los actores presentes carecen de la debida representatividad.

Por un lado, la delegación opositora presenta una composición político-partidista que dista radicalmente del mandato ciudadano expresado en las Primarias de 2023; por el otro, los representantes del régimen responden únicamente al interés de mantenerse asidos al poder.