Dirigente de Vente Venezuela denunció cierre arbitrario de su negocio familiar y presunta persecución política

Juan Diego Lucena , dirigente del partido Vente Venezuela en la localidad de Sanare , denunció el cierre intempestivo y presuntamente arbitrario del establecimiento comercial de su familia .

El hecho ocurre en medio de un procedimiento de fiscalización municipal que el dirigente califica como una represalia política y una franca violación al debido proceso .

De acuerdo con las declaraciones brindadas por Lucena, el procedimiento ejecutado por la Alcaldía del municipio Andrés Eloy Blanco presentó graves inconsistencias normativas .

Explicó que el pasado 14 de septiembre el Concejo Municipal publicó una ordenanza que otorga un lapso de tres meses de prórroga para que los comerciantes puedan regularizar sus documentos y situación tributaria .

Pese a esta disposición legal vigente, las autoridades locales emitieron una notificación otorgando apenas tres días hábiles para el trámite.

Sin embargo, de manera sorpresiva, el local fue clausurado al día siguiente de recibir la comunicación, irrespetando el plazo otorgado y negando el derecho a la réplica o la defensa .

“No es solamente bajar una santamaría y pegar una etiqueta, es quitarle el sustento a varias familias ”, expresó Lucena, quien detalló que la medida afecta de forma directa e indirecta a cuatro personas vinculadas al emprendimiento familiar que comparte con su esposa, Marielis.

Denuncia de cobros excesivos y un patrón de clausuras El dirigente opositor advirtió que la situación de su local no representa un caso aislado en la entidad.

Según sus declaraciones, diversos comerciantes de Sanare han recibido notificaciones parecidas, acompañadas del cobro de multas excesivas y procedimientos impositivos al margen de la Constitución y las ordenanzas locales.

Lucena cuestionó duramente la actuación del personal de la Coordinación de Rentas Municipales , señalando que los funcionarios actuantes ignoran las leyes dictadas por el propio Concejo Municipal y ejecutan cierres sin bases legales sólidas .

Solicitud de reconsideración e intervención institucional Ante las presuntas anomalías registradas durante la fiscalización, Juan Diego Lucena confirmó que presentó formalmente solicitudes de reconsideración ante la Contraloría Municipal , la Dirección de Rentas Municipales y el área de Recursos Humanos de la alcaldía.

Finalmente, el dirigente local hizo un llamado urgente a los organismos competentes para que revisen con detenimiento las actuaciones de los fiscalizadores, detengan las medidas arbitrarias y garanticen el derecho al trabajo y la seguridad jurídica de los emprendedores en el municipio.

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