Advierten que reestructuración de la deuda venezolana carece de auditoría, del FMI y de transparencia

Los economistas Rosana Sosa y Alejandro Grisanti y la abogada Dolores Dobarro coincidieron en que la reestructuración de la deuda que adelanta el gobierno interino con Centerview Partners no cumple las condiciones de transparencia, solidez jurídica y sostenibilidad económica necesarias.

Lo plantearon en un nuevo encuentro del ciclo Reconstruir Venezuela, transmitido por Analítica TV y moderado por Emilio Figueredo.

Una deuda que nadie sabe cuánto suma Para Sosa, la raíz del problema es la falta de estadísticas confiables.

Recordó que Venezuela no reporta al Fondo Monetario Internacional las cifras del artículo IV desde 2004, y que por eso circulan estimaciones que van de 150.000 a 300.000 millones de dólares.

Propuso una auditoría forense con trazabilidad como “pilar cero” de cualquier negociación, para descartar bienes no recibidos, servicios no prestados y “deuda contaminada”.

Citó los casos de los extesoreros Alejandro Andrade y Claudia Guillén, sentenciados en Estados Unidos, y consideró que los bonos emitidos entre 2007 y 2013 requieren verificación.

Sin FMI, “sin credibilidad” Las tres voces insistieron en que el Fondo debe participar.

“Plantear una reestructuración sin el Fondo Monetario Internacional carece absolutamente de credibilidad, porque el Fondo hace escenarios de sostenibilidad basados en distintas proyecciones de lo que llamamos margen fiscal”, afirmó Sosa.

La abogada coincidió: “No veo una reestructuración sin el Fondo, sin los multilaterales”.

Grisanti describió un proceso “inédito” en el que “el deber ser va por un lado y lo que está pasando va por otro”.

Anticipó una negociación acelerada, sin el FMI y concentrada en acreedores estadounidenses y del mercado financiero, y señaló que el mercado en Nueva York descuenta una quita de alrededor de 55 %.

Sostuvo que si esa quita es suficiente depende de lo que paguen las petroleras al Estado, un monto que, dijo, hoy no está claro tras la nueva ley de hidrocarburos.

Sobre la selección de Centerview, afirmó que fue “un proceso muy poco transparente”.

Capacidad de pago y riesgos Sosa cuestionó los escenarios que prevén duplicar la producción petrolera en pocos años, dado el estado del sistema eléctrico, y advirtió que un acuerdo fragmentado abre la puerta a litigios de acreedores rezagados, como ocurrió con el fondo Elliott en Perú o Argentina.