Parlamento chavista entrega al TSJ proyecto de reforma de la Ley contra el Odio

La Asamblea Nacional (AN) de 2025 entregó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el proyecto de reforma de la Ley contra el Odio, informó el presidente del Legislativo bajo el control del chavismo, Jorge Rodríguez, durante la sesión ordinaria celebrada este martes 13 de octubre.

Una comisión especial elaboró la propuesta que ahora quedará en manos de los magistrados del máximo juzgado para avalar su constitucionalidad, esto después de que la encargada del poder en Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió el pasado 28 de septiembre discutir con «cáracter de urgencia» los cambios en el instrumento legal para despenalizarla.

Aunque el presidente de este grupo parlamentario, Pedro Infante, dijo que discutirían con un amplio abanico de sectores de la sociedad los cambios, la comisión sólo tardó una semana para presentar los cambios que permitirían la reforma de la normativa jurídica aprobada en noviembre de 2017 por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.

Defensores de derechos humanos, dirigentes políticos y académicos han denunciado el uso de la Ley contra el Odio como una herramienta de persecución política, especialmente contra la disidencia, pero que desde el año 2024 tras las elecciones presidenciales también se usó contra periodistas, activistas y la ciudadanía en general por expresar opiniones en contra de los resultados de ese proceso electoral en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador sin presentar las actas de votación.

La Conversa | Carlos Correa: “Ley contra el Odio construyó una arquitectura asociada al miedo” Chavismo propuso cambiar su nombre y despenalizar El chavismo se ha propuesto cambiarle el nombre a la Ley, así como a eliminar los delitos que contemplaban penas de cárcel de 10 a 20 años, por la que varias personas fueron juzgadas, entre ellas cinco mujeres tras las masivas detenciones en 2024.

Una de ellas, una joven de Maturín a la que condenaron a 10 años de prisión por cuestionar a la jefa de un Clap en el sector Las Carolinas; también una doctora en Táchira a la que aplicaron la pena máxima establecida en la legislación nacional; es decir, 30 años, así como dos jóvenes emprendedoras de Mérida, al igual sentenciadas a 10 años.

Los miembros de la comisión que elaboraron el proyecto incluyen a Jorge Arreaza y América Pérez, quienes como Infante son miembros de la delegación del chavismo en la mesa de diálogo con los representantes de la AN de 2015; el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, así como el exgobernador de Mérida, Jheyson Guzmán, y los legisladores de la oposición minoritaria Rubén Limas (AD intervenida judicialmente), América Belisario (Unión y Cambio) y Luis Romero (Avanzada Progresista).