Eliminar tribunales especiales de control sobre terrorismo no garantiza un avance judicial

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de eliminar las competencias especiales en delitos de terrorismo a cuatro tribunales de control no trae mejoras sustanciales en la administración de justicia en el país, pues apenas elimina una pequeña parte del problema que afecta a presos políticos y sus familias.

En los tribunales de control se realiza la primera parte del proceso penal.

Acceso a la Justicia ha referido que, como lo dice su nombre, estos juzgados «controlan» la fase de investigación que realiza la Fiscalía General de la República, determinan si se ha cometido el delito por el que presuntamente se acusa a una persona y, además, evalúan si el acusado debe mantenerse en prisión preventiva o no.

Pero en octubre de 2012, por medio de una resolución del Tribunal Supremo de Justicia, se crean los tribunales de terrorismo para atender la aplicación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia organizada y financiamiento al Terrorismo.

Desde entonces, los casos se centralizaron en cuatro tribunales especiales de control, cuatro de juicio y las respectivas instancias de ejecución, todos con sede en la ciudad de Caracas.

A partir de 2019 estos tribunales empezaron a concentrar la mayor cantidad de detenciones políticas y fueron señalados por instancias internacionales como uno de los «brazos ejecutores» del Poder Ejecutivo en materia de represión contra la disidencia. ¿Cómo se hizo? Tras arrestos masivos o selectivos por parte de organismos de seguridad, estas personas pasaban por periodos de desaparición forzada, de corta o larga duración, donde eran presentados ante tribunales de control.

En muchos casos, se ha denunciado la negativa de los jueces a reconocer graves violaciones a los derechos humanos de los detenidos, incluyendo torturas o violencia sexual.

Una nueva orden del TSJ ( la resolución N° 2026-0010 ) eliminó los juzgados especiales de control en esta materia, bajo el alegato de «abordar y resolver oportunamente las deficiencias estratégicas en la organización judicial, en pro de mejorar el control judicial en la investigación, el enjuiciamiento de los delitos y, en suma, la administración de justicia, y así garantizar un proceso sin dilaciones indebidas».

En la práctica, señaló Acceso a la Justicia, ahora son los juzgados de control penales ordinarios los que ahora conocerán de los casos de terrorismo, de acuerdo a su competencia territorial.

Esta descentralización «puede representar un alivio para los procesados y sus familias», al eliminar los traslados desde las regiones hasta Caracas para presentarse en estos tribunales pero, ha insistido la ONG, la decisión «no resuelve el problema de fondo: el uso de la justicia penal como instrumento de persecución política».