Provea exige transparencia sobre excarcelaciones y pide acelerar liberación de presos políticos
La falta de información oficial sobre las personas excarceladas con las medidas alternativas mantiene en incertidumbre a familiares de presos políticos en Venezuela. Ante esta situación, el coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo pidió al Estado publicar un registro actualizado y agilizar el proceso de liberaciones.
Durante una entrevista en Unión Radio , con Vladimir Villegas, Murillo planteó que el Ministerio del Servicio Penitenciario habilite una plataforma digital con los nombres de las personas excarceladas, las condiciones impuestas y la situación jurídica de cada caso. La propuesta busca evitar que los familiares tengan que recurrir a fuentes para confirmar si sus allegados efectivamente salieron de prisión.
El llamado ocurre después de que el gobierno venezolano anunciara el 14 de agosto medidas alternativas a la privación de libertad para 131 personas. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han advertido que existe una diferencia entre la cifra oficial y los casos que han podido confirmar. Foro Penal, por ejemplo, reportó 78 excarcelaciones verificadas el domingo y elevó posteriormente el número a 81.
Murillo cuestionó que una medida que debería generar alivio entre las familias termine acompañada de dudas sobre quiénes fueron liberados y cuáles son las condiciones de cada excarcelación.
El representante de Provea señaló que las excarcelaciones no resuelven por sí solas las irregularidades que, según la organización, caracterizaron numerosos procesos judiciales. A su juicio, el Estado debe garantizar que no vuelvan a repetirse las vulneraciones al debido proceso que afectaron a personas detenidas durante los últimos años.
La organización ha insistido en que las medidas anunciadas deben avanzar hacia la libertad plena y no limitarse a restricciones que mantengan abiertos los procesos judiciales. El gobierno, por su parte, presentó las decisiones como medidas alternativas a la privación de libertad acordadas por tribunales a solicitud del Ministerio Público.
Otro de los aspectos señalados por Murillo está relacionado con la aplicación de la legislación antiterrorista. El coordinador de Provea aseguró que fiscales han comenzado a retirar o desestimar cargos vinculados con esta normativa en algunos expedientes.
El activista consideró que este cambio puede convertirse en un precedente para revisar otras acusaciones y normas que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, han sido utilizadas para procesar a personas por motivos políticos.
La discusión sobre las excarcelaciones ocurre en medio del proceso de diálogo entre representantes del gobierno y sectores de la oposición.
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