Washington tiene una participación en el petróleo venezolano. La historia muestra dos caminos

El acuerdo energético anunciado el 28 de agosto entre Estados Unidos y Venezuela ha generado tanto entusiasmo como profunda preocupación. Según los términos anunciados, North American Blue Energy Partners (NABEP), una poco conocida empresa energética estadounidense-venezolana fundada en 2024, operaría diecisiete campos petroleros venezolanos que contienen aproximadamente 65 000 millones de barriles de reservas probadas, respaldada por hasta 100 000 millones de dólares de inversión privada.

Aunque los contratos siguen sin publicarse, una disposición resulta particularmente trascendente: el Gobierno estadounidense adquiriría una participación del 35 % en la casa matriz de NABEP. Washington también tendría derecho a comprar el 20 % de su producción al costo y recibiría preferencia sobre el resto. Los yacimientos continuarían siendo propiedad de Venezuela y NABEP actuaría como operadora privada. Sin embargo, Washington pasaría a ser no solo un socio diplomático, sino también un inversionista y comprador privilegiado dentro del negocio petrolero venezolano.

¿Qué ocurre cuando una potencia extranjera se convierte en accionista del desarrollo de los recursos naturales de otro país? La historia sugiere al menos dos caminos posibles. La Ley de Hidrocarburos venezolana de 1943 demostró que los intereses energéticos estadounidenses podían coexistir con un marco petrolero más equitativo y una reforma política gradual. Irán, por el contrario, advierte cómo los intereses comerciales y geopolíticos extranjeros pueden imponerse sobre las instituciones democráticas y la soberanía nacional.

La Anglo-Persian Oil Company, posteriormente Anglo-Iranian Oil Company y finalmente BP, surgió de la vasta concesión petrolera otorgada al financista británico William Knox D’Arcy en 1901. En 1914, el Gobierno británico adquirió una participación del 51 % en la compañía. APOC se convirtió después en una importante fuente de ingresos fiscales, energía para el mercado interno y combustible a precio reducido para la Marina Real. Sus intereses comerciales se hicieron cada vez más difíciles de separar de los del Estado británico.

Los sucesivos gobiernos iraníes procuraron obtener mayores ingresos y un control más amplio sobre su petróleo, pero la resistencia británica persistió. El intento por romper definitivamente el dominio del Reino Unido sobre el sector de hidrocarburos provino de Mohammad Mosaddegh. Nacionalista constitucional, buscó preservar las relaciones con Occidente mientras afirmaba la soberanía iraní sobre el petróleo del país. En 1951, su gobierno nacionalizó la industria. Gran Bretaña respondió mediante presiones jurídicas y económicas y un boicot que paralizó la capacidad de Irán para vender su petróleo. La administración Truman intentó inicialmente mediar, pero las compañías estadounidenses también temían el precedente internacional que podía sentar una nacionalización exitosa.

Bajo Eisenhower, la crisis quedó cada vez más entrelazada con el temor de que la parálisis económica y la inestabilidad política empujaran a Irán hacia la Unión Soviética.