Impunidad por muertes del 11A fue desnudada en la CIDH
La responsabilidad del Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos registradas el 11 de abril de 2002 en Caracas fue epicentro de discusión este miércoles 14 de octubre en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en Costa Rica.
En la audiencia del llamado “Caso Trujillo y otros vs Venezuela”, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), familiares de las víctimas, una periodista que presenció los hechos y un perito expusieron sus argumentos sobre las muertes ocurridas durante las protestas convocadas por gremios laborales y otros sectores, en rechazo al despido de centenares de trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
La representación del Estado venezolano no asistió a la audiencia, pese a que la Corte IDH le envió una invitación para acreditar a su representante y remitir sus alegatos.
La ONG Foro Penal, organización que presentó el caso ante la CorteIDH en 2002, participó en los interrogatorios a través de sus coordinadores Alfredo Romero, Gonzalo Himiob y Julio Henríquez.
CIDH denuncia que persiste la impunidad Cristina Blanco, representante de la CIDH, recordó durante la presentación del caso que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) utilizaron armas letales contra los manifestantes.
También señaló que existió coordinación estatal entre autoridades y miembros de los denominados círculos bolivarianos.
De acuerdo con la CIDH, cerca de El Silencio, en el centro de Caracas, disparos de la GNB causaron las muertes de Jhonny Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso.
En puente Llaguno, la comisión atribuyó a los círculos bolivarianos las muertes de Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo.
También identificó como heridos a José Antonio Dávila Uzcátegui, Elías Belmonte Torres, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo.
La CIDH reiteró la responsabilidad internacional de Venezuela por violaciones de los derechos a la vida y a la libertad personal de al menos una decena de personas.
Además advirtió que pese al tiempo transcurrido, los hechos siguen sin esclarecerse y no se han determinado todas las responsabilidades correspondientes.
“Transcurridas más de dos décadas los hechos no han sido plenamente esclarecidos ni se han determinado las responsabilidades correspondientes, lo que evidencia una situación de impunidad que afecta a las víctimas y sus familiares”, sostuvo la comisión.
Ante la corte, la CIDH solicitó una reparación integral para las víctimas, una investigación efectiva y garantías de no repetición.
Juan David Querales: una familia que sigue esperando justicia Janfri Querales intervino en representación de las víctimas para contar cómo la muerte de su hermano Juan David, de 25 años, transformó la vida de su familia.
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