Exigen representación real de la sociedad civil en comité de postulaciones

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Ancipol) denunció el pasado 31 de agosto que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que fue aprobada en primera de dos discusiones por la Asamblea Nacional (AN) el 27 de agosto, viola el artículo 270 de la Constitución Nacional al proponer incluir a miembros electos del Poder Legislativo al Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), ente que se encargaría de renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y garantizar una transición a la democracia en el país.

La Ancipol, en un comunicado de prensa , denunció que «la inconstitucional norma [la reforma de ley] mantenga la impropiedad del lenguaje cuando califica a los Diputados integrantes del Comité de Postulaciones como miembros “de otros sectores de la sociedad” para justificar su inclusión en el mismo, a pesar de que los Diputados de la Asamblea Nacional son funcionarios de un órgano del poder público y no miembros de la sociedad».

La institución reiteró que el objetivo del CPJ es ser un ente sin afiliaciones políticas para escoger los nuevos magistrados de forma pública, objetiva y transparente.

«Por tanto, este expreso propósito del constituyente seguirá siendo vulnerado de aprobarse la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, porque se mantiene la distorsión de equiparar a los Diputados con sectores de la sociedad para justificar indebidamente su inclusión en el Comité de Postulaciones», agregó la Academia.

Según la Asamblea Nacional, la elección de los futuros magistrados del TSJ estará mediado por un Comité Preliminar, que estará conformado por 11 diputados. Luego, ese grupo de legisladores designarán a otras 12 personas pertenecientes a la sociedad civil. Pero, para ONG Transparencia Venezuela , la opacidad reinó en las elecciones legislativas en 2025 para beneficiar la presencia mayoritaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el Poder Legislativo.

En ese contexto, denuncia Ancipol, la imparcialidad y las garantías de una transición a la democrática son menos probables.

«Pese a ello, la reforma implica del mismo modo que haya una mayoría mínima, pero mayoría al fin, [conformada por] la sociedad civil», explicó Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a La Justicia. «En tal supuesto, es esencial que se escojan a verdaderos y auténticos representantes de la sociedad de la sociedad civil. No como ha ocurrido hasta ahora, donde personas afectas al oficialismo entran y no tienen una opinión independiente».

El abogado afirmó que, frente a la supuesta aprobación de la reforma de ley en su segunda discusión, la sociedad civil debe enfocarse y presionar por la calidad de los miembros de los comités.

«Una vez más, este tipo de acuerdos hay que juzgarlos por sus consecuencias y no solamente por el enunciado de sus cambios propuestos», comentó Daniels. «Es muy importante que la conformación del CPJ dé respuestas a una sociedad que aspira a un Tribunal Supremo que defienda los derechos de los ciudadanos por primera vez en 30 años.