CPI: Las nuevas sanciones de Estados Unidos son un ataque flagrante contra su independencia

«Estas sanciones constituyen un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que actúa en virtud del mandato que le han conferido sus Estados Parte de distintas regiones», señaló la Corte en un comunicado oficial.

Creada en 2002 bajo el Estatuto de Roma, la CPI es una institución independiente que no forma parte de las Naciones Unidas, aunque el Consejo de Seguridad de la ONU puede remitirle casos. Con el consentimiento de los países firmantes del Estatuto, el tribunal procesa a personas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

Por su parte, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, declaró que el Secretario General, António Guterres, se encuentra «seriamente preocupado» por la última medida estadounidense y por las continuas acciones contra funcionarios del tribunal.

Estados Unidos, que no es parte del Estatuto de Roma, ha expresado temor de que la Corte procese a ciudadanos estadounidenses por delitos graves presuntamente cometidos en países que sí reconocen la autoridad del tribunal.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra la presidenta de la Corte, Tomoko Akane, y el fiscal principal de juicio, Abdoulaye Seye. Anteriormente, Washington ya había sancionado al exfiscal jefe Karim Khan, quien posteriormente fue destituido de su cargo.

Según reportes de prensa, el fiscal Seye ha participado en investigaciones sobre la financiación israelí de asentamientos ilegales en Cisjordania y la presunta distribución de armas a colonos. En noviembre de 2024, bajo la dirección de Khan, la Corte emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

Estas medidas se suman a las restricciones dictadas por EE. UU. durante los dos mandatos del presidente Donald Trump, así como a las declaraciones de Rubio sobre la intención de «desmantelar» la supuesta amenaza del tribunal a la soberanía estadounidense. Actualmente, nueve de los 18 jueces de la Corte, dos fiscales adjuntos, el exfiscal y un miembro del personal tienen prohibido realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses y enfrentan fuertes restricciones en el sistema financiero global.

«Aunque las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional son instituciones separadas con mandatos distintos, las Naciones Unidas consideran que la CPI es un pilar fundamental de la justicia penal internacional y el Secretario General respeta profundamente su labor», afirmó Dujarric.

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) tildó las sanciones de «inaceptables» y pidió su levantamiento inmediato.