El Bloque Constitucional alerta que incluir diputados en el Comité de Postulaciones vicia la designación del TSJ

El Bloque Constitucional de Venezuela alertó en Caracas que la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia quedará viciada de inconstitucionalidad si se incluyen diputados en el Comité de Postulaciones Judiciales. La organización gremial y académica exigió acatar con rigor el artículo 270 de la Constitución para preservar la legitimidad del Poder Judicial.

La advertencia surge tras la instalación de la Mesa de Diálogo y Negociación bajo el auspicio del Gobierno de Estados Unidos, instancia integrada por diputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y miembros del cuerpo parlamentario establecido para el período 2026. En el marco de esas deliberaciones bilaterales, las delegaciones acordaron renovar la totalidad de las salas del Tribunal Supremo de Justicia y reformar la ley orgánica de la institución para elevar de diez a doce el número de representantes de la sociedad civil en el comité postulador.

Frente a estos acuerdos, la organización de juristas sostiene que incorporar funcionarios públicos en ejercicio a dicha instancia técnica quebranta de forma flagrante el mandato constitucional, el cual reserva esos puestos de manera exclusiva a delegados de los diversos sectores sociales conforme a la ley . El pronunciamiento cuestiona que los diputados de la Comisión Preliminar designada en el Parlamento pretendan asumir la recepción y selección de candidaturas ciudadanas para luego incorporarse ellos mismos como miembros plenos del comité de selección .

El Bloque Constitucional solicitó formalmente a la Comisión Preliminar que ajuste su actuación al artículo 270 de la carta magna y desestime la aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de apartar a cualquier parlamentario de esa tarea evaluadora . Asimismo, apercibió a los integrantes de la Mesa de Diálogo y Negociación de que la presencia de legisladores en el cuerpo técnico anulará la validez de los nombramientos de los futuros magistrados .

El documento institucional cuenta con el respaldo directivo de la Coordinación Nacional, representada por Cecilia Sosa Gómez, Rubén Pérez Silva, Blanca Rosa Mármol de León, Pedro Rondón Haaz y René Molina Galicia, junto con Alejandro González Valenzuela en la Coordinación Ejecutiva . Suscriben además medio centenar de magistrados, profesores universitarios y especialistas en Derecho, entre quienes destacan Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Gustavo Linares Benzo, Juan Manuel Raffalli y Fernando M. Fernández, con el aval internacional de Carlos Sarmiento Sosa por el Capítulo España y Luis Manuel Marcano por el Capítulo Chile .