ONG denuncian ante el Congreso de EE UU el deterioro de las condiciones migratorias de los venezolanos en la era Trump

Organizaciones venezolanas radicadas en Estados Unidos entregaron al Congreso estadounidense y al secretario de Estado, Marco Rubio, un informe en el que advierten sobre el deterioro de las condiciones migratorias para los venezolanos desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

El documento, elaborado por la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), sostiene que los cambios implementados por la administración estadounidense han reducido las protecciones migratorias disponibles y aumentado la exposición de los venezolanos a detenciones y pérdida de permisos laborales.

Entre las principales medidas señaladas por las organizaciones se encuentra la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) , beneficio que alcanzaba a unos 607.000 venezolanos, además de las restricciones aplicadas a los permisos humanitarios conocidos como parole y el fin de la extensión automática de los permisos de trabajo previsto para octubre, reseñó Efe.

El informe advierte que estas modificaciones tienen efectos acumulativos para quienes esperan una resolución sobre su situación migratoria. La pérdida o vencimiento de un permiso puede afectar simultáneamente el acceso al empleo, el seguro médico y la renovación de licencias de conducir, mientras los procesos migratorios permanecen abiertos.

Las organizaciones también documentaron casos de venezolanos detenidos durante julio y agosto pese a contar con permisos de trabajo vigentes. Uno de los casos correspondía a una persona que, además, tenía licencia de conducir y un proceso de asilo pendiente.

El reporte plantea que las decisiones de custodia deben analizarse individualmente y estar sujetas a mecanismos de revisión. La misma postura es aplicada por las organizaciones a la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 contra personas señaladas de pertenecer al Tren de Aragua.

Aunque el informe reconoce que el Tren de Aragua es “una organización criminal real”, las agrupaciones exigen que cualquier acusación de pertenencia sea sustentada con pruebas específicas y que no se utilicen como sustitutos de evidencia factores como “la apariencia, los tatuajes o asociaciones circunstanciales”.

El documento también aborda los acuerdos alcanzados por Estados Unidos con terceros países para recibir a personas deportadas. Entre ellos menciona el convenio con Liberia , que aceptó recibir hasta 1.200 ciudadanos de otros países durante un período de 12 meses.

Según las organizaciones, Liberia ha señalado que entre los deportados habrá principalmente personas procedentes de América Latina, incluidos venezolanos.