La mesa de diálogo: mini constituyente, por Trino Márquez

La mesa de diálogo, negociación y acuerdos conformada por representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen de Delcy Rodríguez está operando en la práctica como una especie de constituyente en miniatura.

Al menos, de ese modo lo percibe un segmento importante del país democrático.

Por esa razón, a esa instancia se le exige que, además de designar al nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), al nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y fijar un cronograma electoral, resuelva liberar todos los presos políticos y restablecer plenamente los fueros sindicales, vulnerados por décadas, entre otras demandas.

El país le reclama a ese foro que recomponga parte de la institucionalidad vapuleada durante casi treinta años.

Se le pide que trascienda sus propios límites con el fin de que la nación comience a transitar hacia un nuevo estadio.

No se convocó una constituyente, pero, la población espera que el grupo de trabajo opere como tal.

En el diálogo tutelado por el gobierno de Donald Trump, la Casa Blanca optó por apoyarse en algunos de los parlamentarios electos en 2015, cuando los venezolanos eligieron la Asamblea Nacional.

El Gobierno norteamericano argumenta que es una forma de revestir de legalidad el diálogo y los acuerdos entre el régimen de Delcy Rodríguez y la oposición.

Aquella fue la última elección legítima que se convocó en el país.

Estados Unidos desechó a María Corina Machado y a varios de los partidos y organizaciones reunidos en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD, protagonistas de las Primarias y del relanzamiento de la oposición democrática a partir de 2023.

María Corina y los grupos que la acompañaron fueron los protagonistas de ese poderoso movimiento que le permitió a Edmundo González Urrutia triunfar de forma aplastante en la elección del 28 de julio de 2024.

La exclusión de María Corina y de los factores reunidos en torno a la PUD es injusta e incorrecta.

Parte de una evaluación errónea de la situación política nacional.

Los funcionarios que rodean a Trump, y el propio presidente, consideran que el oficialismo está en capacidad de desestabilizar al país aún más de lo que ya lo ha hecho.