Carlos García, ex alcalde de Mérida: Huí de Venezuela para evitar la cárcel del régimen y acabé en una cárcel de EEUU

Cortesía Carlos García (43 años) acaba de regresar a Mérida, la ciudad andina que gobernó durante cuatro años la década pasada tras ganar las elecciones municipales como candidato de la Mesa de la Unidad Democrática.

Dirigente entonces de la centrista Primero Justicia (PJ) y sexto alcalde más votado del país, se vio obligado a huir de Venezuela en 2017, perseguido por el chavismo, que le condenó a 15 meses de cárcel por negarse a reprimir las protestas antigubernamentales.

Por Daniel Lozano / elmundo.es Tras cuatro años en Colombia, García, alcalde de gestión intachable, continuó su exilio junto a su familia en EEUU.

En enero celebró con alborozo, como tantos millones de compatriotas, la captura de Nicolás Maduro, pero 20 días después era él el encarcelado, pese a estar inmerso en un proceso de asilo. ¿Cómo le ha recibido Mérida a su regreso? Me he reencontrado con mi familia y con muchos amigos, mucha gente que valora la lucha política y social que he mantenido a pesar de los años que estuve en el exilio.

Nunca dejé de trabajar, mantuve una agenda activa de apoyo a la Universidad de Los Andes, por sus profesores, por los centros de salud.

En EEUU logré crear una red solidaria para mi ciudad con programas de apoyo social.

Esa es mi vocación.

Pese a ser un dirigente popular y protagonizar un caso mediático, usted acabó en una mazmorra de Trump. ¿Qué sucedió? El 23 de enero me presenté en Ohio a las oficinas de Migración para una cita que tenía por mi proceso de asilo político y ahí me detuvieron.

Yo tenía mis papeles, mi seguro social, mi permiso de trabajo vigente, mi licencia de conducir y estaba al día con mis impuestos.

Muchas personas en la misma condición han sido detenidas, te obligan a llevar desde la cárcel el proceso de defensa.

Su propia familia denunció las condiciones pésimas de su encarcelamiento.

Fue terrible, las condiciones eran deplorables.

Una situación traumática.

La cárcel de Hamilton es un recinto federal de máxima seguridad que el estado de Ohio le renta a la Administración Trump, con una parte destinada para migrantes y la otra para delincuentes sentenciados, con las mismas reglas para ambos, muy rigurosas.