Venezuela vuelve al EPU con profundas amenazas a la libertad de expresión

En un informe conjunto presentado para el próximo ciclo del EPU, organizaciones de derechos humanos documentan un patrón persistente de detenciones, bloqueos digitales y exilio forzado contra comunicadores y voces críticas En el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) , previsto para enero-febrero de 2027, diversas organizaciones de la sociedad civil expusieron ante las Naciones Unidas evidencias alarmantes sobre el aumento de las hostilidades contra la prensa independiente en Venezuela.

Este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU evalúa la situación de derechos humanos en cada uno de los Estados miembros cada cuatro años.

Los aportes fueron reunidos por ARC – Artists at Risk Connection, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela), PEN International, PEN Venezuela y Reporteros Sin Fronteras (RSF), y serán analizados durante el 54.º período de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU.

En el ciclo previo, realizado en enero de 2022, el Estado venezolano recibió 328 recomendaciones por parte de otros Estados parte.

De estas, Venezuela aceptó 221 y tomó nota o no apoyó 107.

Entre las recomendaciones aceptadas están las relacionadas con el fortalecimiento de garantías para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información Sin embargo, lejos de cumplir tales recomendaciones, las organizaciones señalan que las autoridades venezolanas han profundizado la restricción del derecho a la libertad de expresión en el país en los últimos cuatro años.

Según el informe presentado, el Estado ha consolidado un marco legal y político altamente restrictivo que se traduce en patrones sistemáticos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, acoso judicial, censura directa y bloqueos de portales digitales y medios de comunicación.

La atmósfera de persecución ha derivado en una autocensura generalizada, impulsada por el temor a represalias directas, mientras que el exilio forzado de comunicadores y voces críticas continúa debilitando gravemente el debate público.

Ante este escenario, las organizaciones firmantes instaron al Estado venezolano a derogar o reformar de inmediato las leyes que restringen la libertad de expresión, levantar los bloqueos a medios y plataformas digitales, y poner fin a las detenciones arbitrarias y al hostigamiento contra defensores de derechos humanos y comunicadores, garantizando además la protección y el cese de persecuciones contra los profesionales forzados al exilio.