Detienen al exalcalde de Carora Javier Oropeza tras regresar del exilio
El exalcalde del municipio Torres, Javier Oropeza, fue detenido la tarde de este jueves 17 de septiembre de 2026 por cuerpos de seguridad del Estado en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.
El arresto se produjo de forma abrupta apenas 48 horas después de su retorno al país tras pasar dos años en el exilio en España.
De acuerdo con reportes de dirigentes locales y videos difundidos en redes sociales, Oropeza fue interceptado por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la Policía Nacional Bolivariana en las inmediaciones del diario El Informador, justo después de ofrecer una entrevista exclusiva.
El dirigente opositor había regresado a Venezuela con la intención de regularizar su situación legal y reincorporarse a sus actividades.
Tras su arribo, acudió al Palacio de Justicia en Caracas para formalizar los trámites relativos al sobreseimiento de la causa judicial por presunto terrorismo que pesaba en su contra desde 2024, amparándose en la Ley de Amnistía.
A pesar de contar con el cierre formal de dicho expediente penal y de haber declarado públicamente horas antes en el Colegio de Ingenieros que regresaba «con la paz de quien no debe nada», las fuerzas policiales ejecutaron su aprehensión sin mediar explicaciones oficiales inmediatas sobre los nuevos motivos del procedimiento.
Durante su periodo en el exilio, la situación patrimonial y administrativa de Oropeza ya había sido severamente afectada por medidas gubernamentales secundarias a las tensiones políticas de los comicios presidenciales de julio de 2024.
La Contraloría General de la República le impuso una inhabilitación política por 15 años para el ejercicio de cargos públicos.
Asimismo, las autoridades ejecutaron la confiscación de fincas ganaderas de su propiedad en el estado Lara y la ocupación de las sedes de los medios impresos El Caroreño y El Diario de Lara, empresas de las cuales es propietario.
Tras confirmarse el arresto, líderes de la Plataforma Unitaria Democrática y defensores de derechos humanos calificaron el hecho como una detención arbitraria y exigieron el debido proceso.
Políticos como Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano se trasladaron de inmediato a la sede de la DIE en Barquisimeto para demandar información precisa sobre su paradero y constatar su estado de salud, en medio de la preocupación general de la comunidad del municipio Torres que esperaba su regreso definitivo.
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