Los USD 161.300 millones que salieron de Venezuela: antes del incentivo, trazabilidad Por Rosana Sosa García

El cálculo que acaba de presentar Miguel Ángel Santos merece ser tomado muy en serio.

En su reciente conversación con César Miguel Rondón, Santos estima que, durante los años del control cambiario, entre 2003 y 2016, salieron de Venezuela aproximadamente US$161.300 millones.

La cifra no aparece aislada de su trayectoria académica.

Santos y Carmen Reinhart habían estudiado años atrás la relación entre represión financiera, controles cambiarios y fuga de capitales en Venezuela.

Su trabajo documentó un vínculo entre los desequilibrios domésticos, los controles y el deterioro de la posición externa a través de la fuga privada de capitales.

La actualización de esa estimación tiene un enorme valor para comprender la magnitud de la descapitalización venezolana.

Mi discrepancia comienza después.

Si una futura Venezuela necesita recuperar parte de esos capitales y seguramente los necesitará, la pregunta no puede limitarse a cuáles incentivos económicos debemos ofrecer para que regresen.

Existe una pregunta anterior: ¿ Qué capital queremos que regrese y qué sabemos sobre su origen? No se trata de convertir una política económica en un juicio moral sobre cada venezolano que protegió legítimamente su patrimonio fuera del país.

Millones de decisiones privadas respondieron racionalmente a inflación, expropiaciones, inseguridad jurídica, controles, destrucción monetaria y riesgo político.

Ese capital legítimamente expatriado debería encontrar poderosos incentivos para regresar a una economía con estabilidad, seguridad jurídica y protección de los derechos de propiedad.

Pero existe una segunda categoría que no puede desaparecer de la discusión.

Durante exactamente esos años también quedaron documentados mecanismos de corrupción, arbitraje cambiario, utilización de empresas instrumentales, estructuras offshore, apropiación de recursos públicos y operaciones financieras que posteriormente han sido objeto de investigaciones, procesos judiciales y condenas en distintas jurisdicciones.

Por eso, sumar todos los dólares que salieron y tratarlos posteriormente como una masa homogénea de ahorro venezolano susceptible de ser atraída mediante incentivos plantea un problema metodológico.