Cañicultores de Lara, Yaracuy y Falcón exigen la revisión urgente de licencias de importación de azúcar
Las asociaciones de productores de caña de azúcar que integran el Consejo de Productores de Caña de Azúcar de los Valles de la Región Centro-Occidental (Coprocazuvaya) —con presencia en los estados Lara, Yaracuy y Falcón— solicitaron al Ejecutivo nacional revisar con urgencia las licencias de importación de azúcar refinada. La medida busca frenar el desplazamiento de la cosecha venezolana , tras advertir que la internación de producto extranjero cubre más de 40% del déficit de consumo per cápita y desplaza severamente a la agroindustria local.
El bloque gremial, integrado por Azocay, Socatur, Coprocavaya, Ferrocarril Bolívar, Socavaya, Capanaparo, Rubén Caicedo, La Giralda, Santa Bárbara, Guayebo, San Simón, Argimiro Gabaldón, el Consejo Comunal Macagua Río Abajo, diversas vocerías del sector y la vocería nacional de caña de azúcar, advirtió que esta situación profundiza una competencia desigual en el mercado interno. La denuncia coincide con el llamado formal dirigido a los despachos de Comercio Exterior, Agricultura Productiva y Tierras, y Alimentación.
El pronunciamiento regional respalda las denuncias formuladas de manera sostenida por otros referentes del gremio en todo el país, tales como Blondy Sangronis (Concaboven), José Ricardo Álvarez (Fesoca), Luis Pérez (Socaragua), Darwin Santamaría (Soca-Portuguesa) y directivos de Asapagua.
Los productores recalcan que este escenario impacta de forma directa a un rubro que demostró su capacidad productiva al cosechar más de 4,5 millones de toneladas de caña en la última temporada. Sin embargo, afrontan un entorno adverso debido a que el producto foráneo ingresa a los anaqueles sin aranceles ni tributos fiscales, mermando las oportunidades de colocación de la industria nacional.
Como consecuencia directa de esta distorsión comercial, los centrales azucareros cerraron la zafra 2025-2026 con un excedente acumulado de aproximadamente 110.000 toneladas en inventario —volumen que por sí solo garantizaría el abastecimiento nacional durante dos meses—, las cuales permanecen estancadas al no poder competir con los precios de la mercancía importada.
Esta acumulación de existencias genera múltiples repercusiones críticas para el aparato productivo rural, entre las que destaca el riesgo financiero que amenaza con la quiebra inminente a miles de cañicultores y frena el acceso al financiamiento indispensable para encarar la venidera cosecha. Asimismo, ocasiona un retraso operativo que pone en peligro el comienzo oportuno del período productivo 2026-2027. La distorsión desata además un efecto multiplicador perjudicial para toda la cadena de valor, incluyendo la producción de melaza para el sector farmacéutico y las destilerías, junto con la amenaza directa sobre más de 10.000 puestos de trabajo en las zonas rurales del país.
Frente a este panorama, los cañicultores —que avanzan en la planificación de la nueva temporada— reiteran su llamado al Ejecutivo nacional para que actúe con celeridad.
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