Citgo, su situación legal actual

Esta, que constituye el patrimonio más importante de Venezuela en el exterior, entró en una vorágine judicial que se inició en el tribunal de arbitraje Ciadi, con múltiples demandas contra la República por cobro de daños causados por las expropiaciones de Hugo Chávez.

Esos procesos estuvieron marcados por fraudulentas "defensas" que llevaron a sentencias condenatorias por miles de millones de dólares, y el cobro fue trasladado a la Corte de Distrito de Delaware, donde, luego de largos trámites en los que se reprodujo el esquema de inmensos costos manchados de sospechas, se terminó dictando sentencias condenatorias contra Citgo, que no formó parte de los procesos de cobro que se tramitaron en su origen ante el mencionado tribunal de arbitraje Ciadi.

Es decir, aquellas sentencias dictadas contra la persona jurídica República Bolivariana de Venezuela fueron cobradas a otra persona jurídica diferente, que no formó parte de aquellos litigios y que, por tanto, nunca fue requerida para que se defendiera; nunca allá tuvo oportunidad para ello.

Una cosa escandalosa que ocurrió y contra la cual persistentemente formulamos reclamos, planteamientos y sugerencias que no fueron escuchados por quienes tenían el deber de la defensa.

Ahora que estamos ante el desastre, veamos cuál es su estado actual.

Lo primero que hay que decir es que el remate no está tan sellado como pudiera pensarse.

Existe un frente judicial todavía abierto: tanto Gold Reserve —el postor que perdió la subasta—, como la Venezuela que hoy encabeza Delcy Rodríguez, como la propia Junta Ad Hoc de Pdvsa que ha administrado a Citgo desde 2019, apelaron ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito la decisión que aprobó la venta a Amber Energy por 5.900 millones de dólares.

El argumento central es contundente: Citgo se revalorizó de forma notable desde que se aprobó esa cifra —reportó una ganancia neta de 157 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, con sus refinerías operando a capacidad récord—, y firmas independientes hoy la tasan entre 13.000 y 18.000 millones de dólares, muy por encima del precio aprobado.

Es decir, la subasta todavía podría ser revisada, anulada o renegociada por la vía judicial, no solo detenida por una decisión administrativa de Washington.

Además de esa batalla judicial, Citgo está a la espera de una necesaria autorización del gobierno norteamericano (OFAC) para la ejecución del remate aprobado por la Corte de Delaware, y así el despojo quede definitivamente materializado: un golpe terrible para la Venezuela económicamente destruida en que se encuentra, y que apenas está en los primeros pasos de su reconstrucción.