¡La locura! En Apure venden la carne carísima pese a que es un estado ganadero

El exparlamentario a la Asamblea Nacional por el estado Apure, Juan García Escalona, alertó sobre el golpe que sufre el presupuesto de las familias llaneras ante los elevados precios de la carne de res, los cuales se ubican entre doce y trece dólares por kilo.

Por lapatilla.com El dirigente calificó la situación como contradictoria e inaceptable, considerando que la entidad se posiciona como el segundo productor cárnico del país.

Según la denuncia, esta situación responde a la concentración del negocio de los mataderos y de la cadena de distribución en manos de un solo grupo económico en la región, el cual cuenta con el respaldo de estructuras de poder político, policial y militar.

Esta centralización elimina la competencia justa y termina impactando negativamente tanto en los hogares de los apureños como en la dinámica del mercado nacional.

García Escalona recordó que el origen de esta problemática se remonta a la gestión del exgobernador Ramón Carrizalez, período durante el cual se procedió al cierre arbitrario de las salas comunitarias de matanza de ganado, conocidas popularmente como botalones.

Esta medida interrumpió una tradición económica y social de más de un siglo en las comunidades rurales, debilitando al pequeño y mediano productor ganadero para beneficiar intereses particulares.

En el marco de los recientes planes del Ministerio de Agricultura y Tierras orientados a la caracterización del rebaño bovino y al control de la fiebre aftosa para abrir mercados de exportación hacia Colombia, el dirigente cuestionó la falta de medidas orientadas a garantizar alimentos accesibles para la población.

Si bien valoró como positivo el crecimiento productivo y las oportunidades de comercio internacional, enfatizó que la prioridad debe centrarse en mitigar las carencias alimentarias del pueblo venezolano.

El exdiputado propuso la reapertura supervisada de los botalones en las zonas rurales apureñas bajo estrictas normas sanitarias, de salud animal y de control legal, contando con el acompañamiento de las instituciones competentes, los responsables ganaderos de la Guardia Nacional Bolivariana y los comisarios rurales.

A su juicio, esta medida permitirá desconcentrar la comercialización, reducir costos logísticos, reactivar la economía familiar de los pequeños criadores y asegurar carne a precios justos para las comunidades.