David Morán Bohórquez: ¿Seguridad jurídica para quién? El primer pecado de la nueva apertura petrolera venezolana

La nueva apertura petrolera venezolana, la 2.0, pretende presentarse como el comienzo de una nueva etapa: regreso de la inversión privada, capital extranjero, participación de empresas estadounidenses y europeas, recuperación de la producción y, sobre todo, seguridad jurídica.

Pero una operación que involucra a una Pyme de California y a los antiguos socios privados de Petrodelta plantea una pregunta incómoda pero pertinente que el nuevo modelo petrolero venezolano tendrá que responder:

El caso me es particularmente relevante porque ocurre en momentos en que Venezuela busca reconstruir su industria energética bajo una fuerte influencia de Estados Unidos y atraer nuevamente miles de millones de dólares de capital internacional.

La muy pequeña compañía estadounidense involucrada es Pacific Coast Energy Company (PCEC), una productora independiente con experiencia en campos maduros y crudos pesados en California.

Una estimación razonable de los ingresos brutos provenientes de su producción podría estar aproximadamente entre USD 35 y 45 millones anuales, dependiendo fundamentalmente del volumen realmente atribuible a PCEC y del precio realizado

Su escala en Estados Unidos es mínima frente a gigantes como Chevron, ExxonMobil o ConocoPhillips, pero ahora está dando un salto extraordinario: operar activos petroleros venezolanos que anteriormente estaban en manos de Petrodelta.

Petrodelta era una empresa mixta en la que Petróleos de Venezuela (PDVSA) tenía el 60% y DP Delta Finance B.V., vinculada a la familia del fallecido empresario venezolano Oswaldo Cisneros, y a otros empresarios locales, el 40%.

La empresa tenía derechos sobre seis campos petroleros del oriente venezolano: Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto. Según la familia Cisneros, esos derechos contractuales se extendían hasta 2042.

Sin embargo, en 2026 el gobierno interino venezolano inició un procedimiento administrativo contra Petrodelta y posteriormente revocó los derechos de DP Delta. La explicación oficial se relaciona con supuestos incumplimientos de “obligaciones financieras, de inversión e infraestructura”.

Los representantes de DP Delta rechazan esa versión. Sostienen que los incumplimientos fueron alegados sin que la empresa tuviera una oportunidad adecuada para defenderse y cuestionan la legalidad del procedimiento.

No corresponde afirmar, sin una decisión judicial que lo determine, que la revocación haya sido ilegal. Pero sí corresponde formular una pregunta central: ¿fue transparente y garantista el procedimiento mediante el cual unos derechos petroleros fueron revocados y posteriormente reasignados?

La pregunta adquiere todavía mayor relevancia por la rapidez con la que apareció el nuevo operador.

Según información publicada por The Wall Street Journal , ejecutivos de PCEC visitaron las instalaciones de Petrodelta en Maturín en abril, mientras avanzaban conversaciones entre la compañía estadounidense y autoridades venezolanas.

Posteriormente, en mayo, se inició el procedimiento contra DP Delta y en junio se produjo la revocación de sus derechos. En julio, PCEC anunció que estaba cerca de cerrar un acuerdo con PDVSA para operar los activos.