Cambio de gobierno en Arco Minero de Venezuela: ¿quién manda y quién cobra en las minas?

Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Convoca revelan cómo la caída de Maduro y la incursión armada del 9 de junio en el estado Bolívar no erradicó las estructuras mafiosas en el Arco Minero: instauró un «cambio de gobierno» bajo el sello de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Las promesas de desarticulación criminal tras las intervenciones de Estados Unidos en Venezuela resultaron ser un espejismo en el sur del país.

Ni el desplazamiento de los grupos armados ni la recuperación del territorio se hicieron realidad.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 y las operaciones que apuntaron a la cúpula del Tren de Aragua —como la presunta ejecución de alias ‘Niño Guerrero’—, las dinámicas delictivas que alimentan la minería ilegal siguen intactas.

Solo cambiaron de manos.

Con un reportaje sólido del actual mapa criminal en el Arco Minero de Venezuela, que ejemplifica las dinámicas delictivas del negocio del oro en América del Sur y sus conexiones con el poder político, iniciamos la publicación de la nueva serie investigativa Dorada Opacidad: Poder y crimen en la tierra del oro , continuación del proyecto transfronterizo ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2025, coordinado por Convoca en alianza con periodistas y medios de cinco países de la región.

En esta primera entrega, Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Convoca revelan cómo la caída de Maduro y la incursión armada del 9 de junio en el estado Bolívar no erradicó las estructuras mafiosas: instauró un «cambio de gobierno» bajo el sello de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Nuestro equipo periodístico ingresó al corazón del Arco Minero del Orinoco, en el eje Las Claritas-Kilómetro 88, donde se ubica uno de los depósitos auríferos más grandes del mundo.

Ahí, la ley ya no la dicta el “Sistema” —la alianza criminal entre alias ‘Juancho’ y el ‘Tren de Aragua’— sino el Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (GPAMO).

Bajo el pretexto de combatir el crimen, cientos de efectivos militares, secundados por hombres armados sin identificación y helicópteros a baja altura, tomaron la zona para asumir el monopolio de la extorsión.

Desde cobrar cuotas de hasta 20 gramos de oro (unos 2.000 dólares) a los dueños de molinos a cambio de registros informales, hasta despojar de fragmentos del metal a recolectores de basura en las calles.

La orden dada a los mineros tras la incursión fue explícita y directa: seguir operando sin descanso.

Debían “producir como lo mandaba la comandante Delcy Rodríguez (presidenta encargada de Venezuela)”, dijo un capitán de la FANB a los trabajadores mineros entrevistados para esta investigación periodística.