La CIDH lleva a la Corte-IDH el caso de Fernando Albán y responsabiliza al Estado venezolano
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Fernando Alberto Albán Salazar, dirigente opositor venezolano que murió bajo custodia del Estado en octubre de 2018, tras concluir que Venezuela incurrió en violaciones de derechos humanos relacionadas con su detención, tortura y muerte.
El organismo informó que sometió el caso N.º 14.267 ante la Corte IDH el 5 de agosto. La denuncia había sido presentada ante la comisión el 26 de abril de 2019 y también contempla las agresiones que, según la CIDH, sufrieron los familiares de Albán, así como la falta de una investigación efectiva sobre su muerte.
Albán, de 56 años de edad, era dirigente de Primero Justicia y concejal del municipio Libertador de Caracas. De acuerdo con la información recogida por la comisión, fue detenido el 5 de octubre de 2018 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuando regresaba de Nueva York, donde había participado en actividades relacionadas con la Asamblea General de Naciones Unidas.
La CIDH señaló que su detención ocurrió sin una orden judicial y que durante aproximadamente 20 horas las autoridades negaron que estuviera detenido, situación que llevó a sus familiares a denunciar desaparición forzada.
Tres días después, el 8 de octubre, mientras sus abogados esperaban que fuera presentado ante un tribunal, el entonces fiscal general informó que Albán había muerto tras, supuestamente, lanzarse desde una ventana de la sede del Sebin.
La versión fue cuestionada por sus familiares y representantes legales, quienes denunciaron inconsistencias en torno a las circunstancias de su muerte, entre ellas contradicciones en los certificados de defunción.
Tras analizar el caso, la CIDH concluyó en su Informe de Admisibilidad y Fondo N.º 320/25 que la detención de Albán fue arbitraria y constituyó una desaparición forzada de corta duración.
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