González: Nueva acusación contra Maduro y Flores evidencia graves violaciones de DDHH

Para Edmundo González Urrutia la nueva acusación presentada por la justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores pone en primer plano las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela.

Este jueves 8, Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, un nuevo cargo por conspiración para cometer torturas contra opositores políticos y también contra ciudadanos estadounidenses que estuvieron presos en Venezuela.

Según la acusación realizada por la justicia norteamericana, Nicolás Maduro «autorizó el uso de la tortura contra determinadas personas y supervisó un sistema diseñado para utilizar la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política».

Tras conocerse la imputación, González Urrutia señaló que Maduro y Flores le negaron durante años a miles de venezolanos las garantías judiciales, las condiciones adecuadas de detención y el respeto a los derechos que hoy reclaman para ellos. «El Estado de derecho se demuestra cuando somos capaces de garantizar a todos los derechos que exigimos para nosotros mismos.

Los privilegios son transitorios, pero los derechos deben ser permanentes.

Esa es una lección para todos».

González Urrutia se refirió a la importancia de contar con instituciones independientes y sólidas que protejan la dignidad humana e investiguen los abusos cometidos contra muchos venezolanos.

En este sentido, resaltó la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela el 6 de octubre, ya que su trabajo «ha permitido construir una memoria documentada de las violaciones sufridas por miles de venezolanos, identificar patrones de represión y contribuir a establecer responsabilidades».

EEUU imputa a Maduro y Flores un nuevo cargo por conspiración para cometer torturas *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo».

Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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