Venezolanos en Miami exigen cuentas al Congreso de EEUU por las detenciones del ICE

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos en una imagen de archivo.

Jim Vondruska (REUTERS) Humberto Castro, un venezolano de 59 años, iba conduciendo al trabajo como todos los días desde su casa en el Doral, donde vive desde hace ocho años, cuando fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Por Abel Fernández | EL PAÍS “Mi papá tiene su permiso de trabajo con validez hasta el 2030.

Su asilo está pendiente.

Estaba yendo a su trabajo, manejando normal, y lo pararon y esposaron”, dice su hija, Arianna Castro, de 29 años.

El hombre llegó a EE UU con una visa y tiene una solicitud de asilo pendiente, según explicó su hija.

No tiene antecedentes criminales.

El caso de Castro se produce en medio de una ola de arrestos de inmigrantes en el sur de la Florida que ha encendido las alarmas entre la mayor comunidad de venezolanos de Estados Unidos.

Ahora está pidiendo respuestas y exigiendo medidas concretas a sus representantes en el Congreso, a poco menos de tres meses de las elecciones de medio término.

Dos de las principales organizaciones del exilio, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex) han preparado un informe que han enviado a congresistas y senadores pidiendo investigar las detenciones de venezolanos con solicitudes de asilo y otros procesos migratorios pendientes.

El informe dice que los venezolanos en EE UU se han visto afectados por la eliminación de protecciones temporales y humanitarias, y que las personas con solicitudes de asilo pendientes y otros procesos están siendo detenidas para su deportación, incluso a terceros países lejanos, como Liberia.

También señala que las autoridades no publican registros sobre cuántos venezolanos detenidos tienen antecedentes penales o procesos migratorios abiertos.

Como referencia, el reporte señala que hasta julio había unas 65.765 personas bajo custodia del ICE, de las que más del 70% no tenía antecedentes criminales.

También documenta al menos tres casos de venezolanos detenidos entre julio y agosto que tenían autorización de empleo y casos de asilo pendientes.