Protesta en Miraflores termina en “burla oficial” a familiares de presos políticos

Este viernes 11 de septiembre, la movilización de familiares de detenidos por razones políticas hacia el Palacio de Miraflores culminó en un acto de revictimización institucional.

La comisión designada para entregar un pliego de peticiones, conformada por las voceras del Comité para la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) Andreína Baduel, Sairam Rivas e Hiowanka Ávila, fue recibida por personal no calificado que evadió el contacto directo y eludió la recepción de los expedientes.

“Nos engañaron porque nos informaron que nos iba a atender una comisión y nos recibieron detrás de un vidrio por pocos minutos y, adicional, la persona que nos atendió ni siquiera tenía cortesía ni amabilidad”, dijo Ávila tras culminar la actividad.

La protesta, enmarcada en la tercera parada de la “Ruta de las Respuestas Pendientes”, buscó visibilizar la opacidad del Estado frente a más de 400 detenidos y exigir la conformación de una mesa de trabajo que incluya al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, CNE, Defensoría del Pueblo y veeduría internacional.

Andreina Baduel, representante del comité y hermana del prisionero Josnard Baduel, contrastó la bonanza de las recientes alianzas comerciales del gobierno interino con la precaria y violenta situación penitenciaria del país.

“Mientras el país ve con estupor cientos de acuerdos de petróleo, los presos políticos están siendo torturados en las distintas cárceles del país”, agregó.

Baduel recordó la situación de los presos políticos con patologías graves que se encuentran privados de libertad.

“Son 37 presos políticos que pueden morir en la cárcel si no reciben atención médica”, recalcó. #Ahora Declaraciones de Andreína Baduel, este #11Sep pic.twitter.com/Vsf78Q9OiO — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) September 11, 2026 El comité también exigió la publicación oficial de las listas de personas excarceladas tras el anuncio de liberación de más de 1.000 ciudadanos, un número que las familias disputan al señalar que se trata de detenidos comunes y no de verdaderos presos de conciencia.

“Ellos siguen jugando con el dolor de nuestros familiares y una prueba de ello es que todavía somos 400 familias”, finalizó Baduel.

La presencia de los manifestantes en la sede del Ejecutivo generó una respuesta desproporcionada por parte de los organismos de seguridad del Estado, obligando a las víctimas a solicitar la presencia de la Defensoría del Pueblo para documentar el amedrentamiento policial.

Procesos viciados y causas clandestinas Los parientes que se acercaron a la protesta en el centro de Caracas aprovecharon para exponer las irregularidades que enfrentan a diario en los tribunales.