Espacio Público exigió transparencia en diálogo encabezado por Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez

Dinorah Figuera (c-i) y Jorge Rodríguez (c-d) asisten a la última sesión de la mesa de diálogo en Caracas (Venezuela).

EFE/ Miguel Gutiérrez En la mesa de Caracas no se negocia: libertad de expresión, acceso a la información y transparencia El 12 de agosto, gobierno y oposición parlamentaria cerraron con dos anuncios el primer ciclo de un proceso de diálogo tutelado por Estados Unidos: la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación de los activos venezolanos retenidos en el Banco de Inglaterra para atender la emergencia de los terremotos del 24 de junio.

Ambos acuerdos dependen enteramente de información que hoy el Estado venezolano no produce ni publica y, cuando se le solicita, no responde.

En el país persisten 92 portales de noticias bloqueados, las cifras de fallecidos por los terremotos oscilan entre 6.125 y 50.000 según la fuente que se consulte, y previamente no se ha cumplido con el procedimiento establecido por la legislación vigente para designar a los magistrados que se anuncian.

Así no es posible reconstruir la institucionalidad, es necesario que haya vías para verificar que lo acordado se cumpla acorde a derecho.

Hay además un dato relevante y omitido en el comunicado que recoge los acuerdos de la mesa: los medios de comunicación social y el derecho a la libertad de expresión no aparecen.

Este derecho fundamental es necesario para la existencia de una sociedad democrática y está relacionado con el acceso a la información pública y el desarrollo del espacio cívico.

Panorama: acuerdos y ausencias El proceso arrancó formalmente el 1 de agosto de 2026, cuando las delegaciones del gobierno y oposición firmaron las bases del diálogo.

La mesa se instaló en Caracas el 6 de agosto y sesionó de manera permanente hasta el 12 de agosto, con cinco reuniones de comisión técnica y cinco plenarias distribuidas en dos mesas de trabajo: una dedicada a la emergencia por los sismos y otra al fortalecimiento democrático, judicial y electoral.

La delegación del gobierno la encabeza Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, estuvo acompañado por Ana María Sanjuán, Pedro Infante, América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza; la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 la preside Dinorah Figuera, quien regresó al país tras ocho años de exilio, junto con Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desirée Barboza.

La agenda que acordaron el 6 de agosto contiene tres puntos: atención a las víctimas de los terremotos, fortalecimiento de la democracia y restitución de derechos y garantías políticas.